La Procuraduría General de la República (PGR) no desaparecerá su Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), pero reducirá 25 por ciento su plantilla, debido al elevado índice de reprobación de los exámenes de confianza y también al inicio de averiguaciones previas y procedimientos administrativos por no comprobar viáticos; en esto último hay casos que van de los 5 mil a los 300 mil pesos, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La plantilla actual de la DGSA es de casi 800 empleados, entre administrativos, técnicos, mecánicos, despachadores, controladores de vuelo y pilotos. Más de 170 han fallado en las pruebas de confianza, mencionaron los funcionarios entrevistados.

Como parte de las acciones que se han emprendido desde julio pasado, ya se concluyó la auditoría operativa. De acuerdo con los funcionarios, de más de 90 aeronaves que fueron evaluadas, 40 ya han sido rehabilitadas y reiniciarán operaciones en las próximas semanas.

El pasado 9 de septiembre, La Jornada dio a conocer graves irregularidades en el manejo de la flota aérea de la PGR, entre ellas la inexistencia de manuales de operación; robo y tráfico de refacciones; simulación de reparaciones; extravío de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento; contratación de seguros para helicópteros y aviones que no servían, así como la realización de vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad.

Con base en la información proporcionada por la compañía estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación del gobierno de Estados Unidos, se ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos, y se solicitó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y a la Visitaduría General que iniciaran averiguaciones de tipo administrativo y penal para descubrir quiénes integran la red de corrupción.

En la primera etapa, en la cual se auditaron las operaciones, la compañía JDA determinó que de 89 aeronaves sólo cinco eran aptas, debido a que existió incumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, inexistencia de manuales para las operaciones de vuelo y de mantenimiento; inexistencia de control de calidad capaz de vigilar y dar seguimiento a los elementos críticos de seguridad.

La compañía estadunidense informó a la PGR que si la DGSA no actualiza su departamento de mantenimiento serán inevitables accidentes de las aeronaves.