La Habana, 16 de octubre. El gobierno del presidente Raúl Castro relajó el control sobre los viajes de la mayoría de los cubanos para entrar y salir de su país, pero mantuvo candados para otros a los que podrá impedir ese tránsito en forma discrecional.

La decisión, que Castro ofreció en agosto de 2011, facilitará la salida al exterior de parte de la población, en un momento en el que aumenta una vez más el éxodo de cubanos.

La reforma entrará en vigor el 14 de enero. Se eliminarán el permiso de salida (una especie de visa para viajar al extranjero), el permiso de entrada (para reingresar al país) y la carta de invitación (para cada viaje, que se envía desde el lugar de destino).

En cambio, los cubanos podrán viajar sólo con un pasaporte, cuya validez tendrán que prorrogar cada dos años, además, por supuesto, de la visa correspondiente del país al que se dirijan.

Según el Anuario Demográfico de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2011 hubo un saldo de 39 mil 264 emigrados, la cifra más alta desde 1994, cuando llegó a 47 mil 844.

Al aliviarse en Cuba, la presión migratoria podría trasladarse hacia Estados Unidos, destino principal de los cubanos en el exterior. En ese país, por una ley de 1966, los originarios de la isla pueden volverse residentes después de un año de permanencia, incluso si llegaron sin documentos.

Unos dos millones de cubanos viven en el exterior, de los cuales cerca de 85 por ciento están en Estados Unidos.

Hace 18 años se produjo la crisis de los balseros, una salida incontrolada y masiva hacia Estados Unidos, en medio de la crisis que siguió al derrumbe soviético. Otras explosiones similares ocurrieron en 1965 desde el puerto de Camarioca y en 1980, desde el de Mariel.

La reforma remueve por primera vez barreras migratorias que impuso el gobierno el 9 de enero de 1959, apenas ocho días después del triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro y modifica la vigente ley del 20 de septiembre de 1976. Sin embargo, prolonga la línea de permitir o negar entradas o salidas en casos particulares, según el criterio oficial.

El paquete legal, publicado este martes en la Gaceta Oficial, muestra en esa forma tendencias de pensamiento tanto hacia la apertura como hacia el control.

La nueva legislación reconoció por primera vez en más de medio siglo el derecho de los padres a decidir –mediante autorización notarial de ambos– que sus hijos menores viajen al extranjero y regresen a la isla.

Sin embargo, los cubanos aún deben pedir un permiso especial para residir en el extranjero o prorrogar la validez de su pasaporte cada 24 meses. Si no ocurre así, se les considera emigrados, pueden visitar su país sólo por periodos de 90 días (hasta ahora eran 30) y para volver a residir en la isla deben recabar una autorización, que se les puede otorgar o no.

En el diario Granma se publicó ayer la nueva política migratoria que permitirá a los cubanos viajar con pasaporte y visa del país de destinoFoto Ap

Pero la obtención de pasaporte y la entrada a la isla tiene candados, que en algunos casos se definen con vaguedad y quedan sujetos a decisiones discrecionales.

A cubanos que vivan en el país el gobierno les podrá negar el pasaporte por razones de defensa y seguridad nacional y de interés público, a juicio de las autoridades. Las mismas causas se aplicarán para impedir la salida del país a toda persona (es decir, extranjeros y emigrados) que se encuentre en la isla.

Cuba negará la entrada de personas también por razones de defensa y seguridad nacional, lo cual puede explicarse por el historial de ataques violentos que ha tenido el país, en gran medida auspiciados por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Pero otra causa para no poder entrar a la isla será organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano, un enunciado que queda a la interpretación oficial.

Hasta ahora sólo existía la política de otorgar o negar un permiso de salida, sin que mediara explicación. La nueva normatividad hace públicas las condiciones.

La legislación prevé un trato diferenciado para altos funcionarios de los gobiernos nacional y regionales, directivos de empresas, ejecutivos con autoridad financiera, científicos, médicos, técnicos de salud, deportistas de alto rendimiento y profesionales que realizan actividades vitales.

Todos ellos pueden ser autorizados caso por caso para viajar al exterior por motivos particulares. También podrán residir fuera del país, pero en esta variante tienen que esperar –en plazos hasta de cinco años– para entrenar a sus sustitutos.

Según las normas, se trata de preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial.

El debate migratorio en Cuba data de finales de los años 70, cuando el gobierno abrió discusiones con emigrados. Dos décadas más tarde, bajo la presión de la crisis post-soviética, la isla aligeró las restricciones en la materia.

Pero el mayor impulso fue el anuncio de reformas lanzado por el presidente Raúl Castro en julio de 2007. Ese año la apertura migratoria fue una de las demandas más sostenidas en debates públicos sobre la vida nacional, a los que convocó el gobierno.