El sistema penitenciario mexicano está colapsado: cárceles sobrepobladas, corrupción de autoridades y sin programas de atención a familiares, son factores que originan fugas, matanzas y violación de derechos humanos, expuso la arquidiócesis primada de México, en el editorial del semanario Desde la fe.

Inquirió sobre cuál es el estado de derecho que hay en el país, pues son frecuentes las fugas masivas de los centros de reclusión ante la mirada de los directivos”. Consideró que dicha situación se ha multiplicado debido a que con la guerra contra el crimen organizado, los detenidos por delitos del fuero federal son enviados a cárceles del fuero común, lo que ha llevado a que en 60 por ciento de los reclusorios, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exista una suerte de autogobierno.

En los penales son “mezclados quienes cometieron delitos no graves –relacionados con adicciones o robo de alcohol– con integrantes de bandas del crimen organizado. Muchos que ingresaron por una ofensa menor acaban convirtiéndose en sanguinarios capos que, desde la cárcel forman bandas”.

Destacó que las políticas de reinserción social de internos fracasan debido a la falta de un programa de atención a familiares de reclusos; se trata de 325 mil familias que viven de una u otra forma la experiencia carcelaria, pues son señaladas en sus comunidades y hasta excluidas de los programas sociales, lo que genera un rencor social.

Expuso que otro aspecto reprobable del sistema penitenciario es la inexistencia de juzgados de drogas para adictos y la falta de rigor en las leyes para que los reos pasen el antidoping y obtener los beneficios de la libertad anticipada.

Sostuvo que para romper con el círculo vicioso delito-cárcel-contaminación-delito son necesarias, entre otras, nuevas formas penales para quienes cometen faltas menores, además de promover la corresponsabilidad social para prevenir el delito.