bsesivo compulsivo, testarudo, reiterativo, pertinaz, obcecado. Puede que sí, o simplemente, que entro a un tema, me quedo picado y va de nuez: continúo con el relato de algunos pequeños resbalones de la impartición de justicia en Estados Unidos.

Comienzo con un asunto que regresó brevemente al comentario público en razón de la muerte de su principal protagonista: Rubén Zuno Arce. Se trata de un político de no muy altos vuelos, oriundo de Jalisco, del que tengo como datos más destacados una diputación local y una gerencia en la extinta Conasupo en los tiempos de Jorge de la Vega. Lo más llamativo de su biografía son dos importantes nexos familiares y su trágico final. Su padre, José Guadalupe Zuno, fue un intelectual, artista, periodista, educador y político cuya obra, en todos estos aspectos fue sobresaliente. Menciono tan sólo que fue fundador de la Universidad de Guadalajara y gobernador, apreciadísimo en su entidad. En 1970, su cuñado se convirtió en presidente y su hermana María Esther, no en una primera dama (ridículo e incomprobable título que no existe ni en las damas chinas), sino en una compañera dignísima y solidaria del primer mandatario mexicano. La imagen de Zuno Arce era controversial. Recuerdo una cena en la que se enfrentaron, por un lado, el subsecretario Fausto Zapata y, por el otro, los diputados Gómez Villanueva, Jesús Puente Leyva, Armando Labra y algún otro del ala decente de esa legislatura, en razón del carácter atrabiliario y violento que unos le achacaban al cuñado incómodo, y quienes lo defendían contra viento y marea. No recuerdo, en esos tiempos, una acusación directa contra Zuno por ligas con el entonces incipiente narco, hoy señor de todos nuestros días.

Febrero 7 de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar (Kiki), fue secuestrado por un comando narco. Su cadáver, con muestras de crueles torturas, fue encontrado en el rancho La angostura, municipio de Vista Hermosa del estado de Michoacán, el 5 de agosto. Se trataba de una clara venganza. Camarena había contratado a un joven piloto de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala, para que le pasara informes de cualquier situación que dentro de sus vuelos de rutina, considerara sospechosa. Zavala informó a Camarena haber visto en el estado de Chihuahua una extensión de mil hectáreas sembradas con mariguana, mismas que tras la denuncia fueron destruidas por el Ejército. Se trataba del rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero. La respuesta fue inmediata: Camarena y Zavala, luego de brutales torturas, fueron liquidados.

En 1989, en Texas, Rubén Zuno Arce fue detenido, acusado de complicidad con Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, en los homicidios mencionados, pues la casa donde habían sido masacrados era propiedad de Zuno. No importaron todas las pruebas que demostraban que la propiedad la había vendido mucho tiempo antes de los trágicos acontecimientos. Los testigos contra Zuno fueron ex policías, muy bien remunerados, el principal de ellos, Héctor Cervantes, quien años después en un acta notarial confesó que su declaración inculpatoria era falsa y se la había exigido por la fuerza el fiscal Manuel Medrano. Nada cambió. ¿O usted, por creyente que sea, piensa que Diosito sí puede quitar los palos dados? En 1992, Zuno fue declarado culpable.

Hace unos días, Chis Burke, vocero del sistema de prisiones de Estados Unidos informó que Rubén Zuno murió en Florida, a la edad de 82 años, después de pasar los últimos 23 en cuatro diferentes prisiones. En ese tiempo jamás aceptó inculpar a ningún mandatario mexicano a cambio de su liberación. Breve nota: antes de escribir estos renglones, buscando ampliar información, solicité una entrevista con el senador Manuel Bartlett, pero no se dignó reportarse. Opinión: podrá cambiar de partido, pero de maneritas es como la Suave Patria: fiel a sí mismo.

Operación Leyenda, se llamó al conjunto de acciones llevadas a cabo por la DEA, con la activa participación de John Gavin (homicida confeso y publicitado del pobre Pedro Páramo). Hay dos versiones. La primera, que un grupo encubierto de la DEA (no sé para qué encubierto, si hasta en las páginas de sociales figuran), realizó el secuestro fast track del doctor Humberto Álvarez Machain, a quien acusaban de haber mantenido vivo al agente Camarena, a fin de exprimirle toda la información posible. La otra, que los captores fueron cazarrecompensas profesionales que a la usanza del viejo wild West hicieron el trabajito y entregaron al doctor Machain a las autoridades competentes… en EU. El gobierno mexicano presentó su formal protesta por la violación al Tratado de Extradición del 4 de mayo de 1978 pero éste, obviamente, no fue argumento de peso para los tribunales estadunidenses, por razones que mencionaré adelante. Lo que resultó insostenible fue el alegato de la fiscalía: las acusaciones fueron tan inconsistentes, que Álvarez Machain tuvo que ser puesto en libertad. Lo que no he logrado investigar, es quién le pagó el boleto de regreso a Guadalajara.

A unos kilómetros de la frontera Mexicali/Caléxico vivía Ramón Martín Verdugo, quien, conocedor de la región, fungía como asesor de narcos como Caro Quintero, a quien sugería los mejores tiempos y movimientos para el más eficaz trasiego de la droga. Del otro lado de la frontera ejercía un juez tan celoso de su deber que decidió extender sus funciones para este lado. Harto de las actividades delictivas de Martín Verdugo, y ante la incomodidad que le representaba el tener que venir a México a castigar a este delincuente, decidió mandar por él. Contrató a tres policías (30 mil pesos cada uno), para que le hicieran el servicio de acercarlo a la border line. En llegando a oscuro paraje, lo sacan de oscura cajuela y en la oscuridad de la noche y, para que no se hiciera daño, le hacen una suave camita y lo lanzan al aire no más de dos metros, sólo que el segundo estaba ya, del otro laredo. ¡Oh sorpresa! En unos escuálidos matorrales del desierto pernoctaban agentes de la Migra, que no tuvieron di’otra sino cumplir con su deber (pero qué ocurrencias de’ste vato de adentrarse sin papeles, se dijeron). La Migra lo entregó a la DEA, y el laborioso juez lo condenó sin remedio. El gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, un soberano pillastre desde sus épocas universitarias, dio gracias a Dios: sin despeinarse, se había librado de un aguerrido competidor. ¿Resulta ya cansado decir que 14 años después se dio la inevitable retractación de los acusadores?

Dos últimos comentarios: jamás conocí ni crucé palabra con ninguno de los personajes mencionados y, por su conducta, no meto al fuego ni la mano del metate. Hago notar eso sí, que fueron víctimas de violación a sus elementales derechos humanos. De mil delitos podían, o no, ser culpables, pero no de aquellos por los que fueron juzgados.

Pero lo más grave, porque es una amenaza vigente. En el caso de Álvarez Machain, el gobierno estadunidense decidió, seguramente ante la carencia de evidencias suficientes, recurrir al expediente del secuestro y no a la aplicación del Tratado de Extradición.

El tribunal de distrito consideró que “no había lugar al procesamiento por violación al Tratado de Extradición (4 de mayo de 1978), y el tribunal de apelación confirmó esta sentencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadunidense declaró (y, agárrense todos): aunque el secuestro es incompatible con los principios del derecho internacional y las disposiciones bilaterales y multilaterales, a las que EU está obligado, así como a respetar la soberanía de otras naciones, asumiendo que ninguna autoridad puede realizar en otras, actos que sólo corresponden a su jurisdicción y que ésta, sobre su territorio, es necesariamente exclusiva y absoluta, se permite la siguiente conclusión: el Tribunal Supremo considera que: como el tratado no prohíbe (expresamente) el secuestro, no le compete investigar cómo llegó ante él, el acusado. Y agrega de manera altanera, bárbara y ominosa, que el problema del secuestro y la extradición es una cuestión que no corresponde a las normas del derecho, (Poder Judicial), sino a las de la política (Ejecutivo), es decir, a las de la fuerza. El hecho de que el demandado haya sido secuestrado, no impide su enjuiciamiento por un tribunal de los Estados Unidos.

También se nos recordó la existencia de la Ley Ker, que autoriza (¿por quién?) a EU a secuestrar ciudadanos extranjeros y llevarlos ante la justicia estadunidense con el aforismo mala captus bene detentus. Sin latinajos y traducción libre: no lo hizo para ver si podía, sino porque podía, lo hizo. Porque el que pega primero pega dos veces y, en resumen, Porque el que puede chingar, ya chingó. In god we trust.

ortiz_tejeda@hotmail.com