La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 16/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federla (PGJDF), ya que a 10 meses de la muerte de un adolescente que se ahorcó dentro de la fiscalía para niños y adolescentes, no hay ningún funcionario o policía de investigación detenido por ese hecho.

La CDHDF documentó que en enero de este año, el adolescente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la 57 agencia de la fiscalía central de investigación para niñas, niños y adolescentes como probable responsable del delito de robo a casa habitación con violencia. Al día siguiente, informaron al personal que el detenido padecía hepatitis y un cuadro depresivo.

El informe médico del personal de la agencia sugería aislar al agraviado y trasladarlo a una unidad hospitalaria de manera prioritaria, pero no urgente.

Los familiares sólo pudieron verlo en una ocasión mientras estuvo detenido, y no contó con un abogado defensor de oficio. Ese mismo día, a las 23 horas, la agente del Ministerio Público les informó que su familiar había fallecido al ahorcarse con una cobija.

En la investigación, la Comisión de Derechos Humanos confirmó que funcionarios de la agencia 57 omitieron realizar un examen completo del estado físico y mental del agraviado que evidenciara consumo de drogas o algún posible grado de depresión o trastorno y omitieron trasladarlo a un centro hospitalario.

Tampoco lo custodiaron de manera permanente, a pesar de ser una recomendación médica, dada su condición de adolescente aislado del resto de la población. No contó con un abogado ni con la asistencia jurídica a la que tenía derecho, de acuerdo con la investigación de la CDHDF.

Sólo permitieron que viera en una ocasión a sus familiares. Según el testimonio de la hermana del agraviado, éste le manifestó que lo habían detenido porque entró a una casa abandonada a dormir y supuestamente lo agarró el dueño, quien dijo que le quería robar una cafetera.

Para la CDHDF esta recomendación evidencia fallas estructurales que existen al momento de proteger y garantizar los derechos humanos de quienes ingresan en el sistema de justicia para adolescentes.

Por ello el organismo, además de pedir que se instauren los protocolos necesarios para la actuación de los funcionarios y policías de investigación que atienden a los adolescentes y que se procese a los responsables, solicitó la reparación del daño a la familia del occiso, además de acompañamiento sicológico.