A excepción de las cámaras empresariales y abogados patronales, todos los demás participantes en las audiencias que llevó a cabo la comisión dictaminadora de la reforma laboral se pronunciaron en contra de las modificaciones propuestas a esa legislación.

Dejaron claro que con ello se violenta no sólo el artículo 123 constitucional, sino siete artículos más de la Carta Magna, además de tratados internacionales, como el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los temas más cuestionados fueron el pago por horas, los contratos temporales, el pago de sólo 12 meses de salarios caídos en caso de conflictos y la subcontratación, conocida como outsourcing.

En uno de los documentos que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) entregó a los senadores se resaltan 36 puntos por los que no se debe aprobar la reforma laboral y aluden a las violaciones constitucionales y de pactos internacionales signados por el gobierno mexicano.

La UNT, a través de José Luis Hernández, propuso a los legisladores que pidan formalmente una opinión técnica de la minuta a la OIT.

En una de las ponencias entregadas, el dirigente de la UNT, Francisco Hernández Juárez, insistió en que se trata de una reforma de corte neoliberal, sólo se busca abaratar la mano de obra y simplificar los despidos. Preguntó por qué si realmente se quiere reformar la Ley Federal del Trabajo, no se establecen disposiciones que acaben con los contratos de protección.

Aludió al llamado zar del contratismo patronal, Ramón Gámez, quien se encuentra prófugo de la ley –fue condenado hace tres años por pederasta, pero escapó– y de todas formas todos los días en las juntas de Conciliación revisan entre 100 y 150 contratos que firmó a espaldas de los trabajadores.

También dirigente de los telefonistas, Hernández Juárez reveló que la UNT ha detectado más de 5 mil contratos de protección. En su ponencia, el asesor jurídico Arturo Alcalde aludió también al problema e incluso representantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) plantearon la misma preocupación.

En cuanto al outsourcing, hubo un rechazo frontal a legalizarlo, que contrastó con la pretensión del Consejo Coordinador Empresarial de ir más a fondo y eximir a los patrones de toda responsabilidad con aquellos trabajadores que realicen tareas para las empresas, pero a través de un subcontratista.

Sindicalistas y académicos resaltaron que el outsourcing atenta contra la contratación colectiva, se deja al trabajador con salario mínimo, nulas prestaciones y se permite además a las empresas evadir impuestos.

Vicepresidenta de Equidad y Género de la UNT, Martha Heredia resaltó que el outsourcing dará pauta para precarizar aún más las condiciones laborales de las trabajadoras, que representan 42 por ciento de la población económicamente activa, pero ubicadas la mayoría en el mercado informal.

La percepción por hora abaratará la mano de obra, ya que el patrón pactará pagar sólo la parte proporcional de la jornada –que es de ocho horas–; se laborará, sin acumulación de antigüedad, ni aporte del séptimo día. Fue uno de los puntos negativos de la reforma laboral que destacó ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social el senador Isaías González Cuevas.

El capítulo de democracia sindical fue el que dividió a sindicalistas, pues el presidente Felipe Calderón lo incluyó en su iniciativa preferente, pero los diputados de PRI, Verde y Nueva Alianza lo eliminaron.

El Congreso del Trabajo (CT) en una carta que el presidente de ese organismo, el también líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, hizo llegar a la comisión dictaminadora, se lanzó en contra de que ese capítulo se restituya a la minuta y en contraparte, todas las organizaciones independientes se pronunciaron no sólo por incluir en la transparencia y rendición de cuentas en los gremios, sino ir más lejos, para democratizar de verdad el mundo sindical.

Por su parte, la secretaria de la Comisión del Trabajo, Alejandra Barrales, afirmó que el planteamiento general de esta propuesta es apostar por hacer competitivas las empresas a partir de abaratar la mano de obra y de tener facilidad para realizar despidos.

Detalló que el PRD presentará la próxima semana una propuesta de modificación de aquellos artículos que violan la Carta Magna y lesionan derechos fundamentales de los trabajadores.