Sábado 13 de octubre de 2012, p. 15
Washington, D.C. 12 de octubre. El derecho de acceso a la información está destinado a replantear la relación de poder a escala global, concluyeron especialistas internacionales en transparencia.
Señalaron que en los países donde lo anterior es un derecho socializado se han dado cambios importantes en la relación entre gobernados y gobernantes.
Este derecho da poder al ciudadano y hace consciente al servidor público de que la información no le pertenece y que necesariamente debe compartirla, agregaron.
En las conclusiones del encuentro de expertos Acceso a la información y rendición de cuentas: perspectivas en un contexto global, efectuado en el Centro Internacional Woodrow Wilson de esta capital, los especialistas también coincidieron en que el derecho en la materia se debe afianzar todos los días. Su consolidación no es en automático y tampoco puede estar exenta de un intento de regresión
, subrayaron.
Expusieron que una buena ley en la materia es una gran plataforma
, aunque, aseguraron, esto es insuficiente y no garantiza el respeto irrestricto de este derecho, el cual, si no se ejerce muy probablemente se pierde
.
Por eso destacaron la importancia de que sectores como el académico, el empresarial, y el de los periodistas –que se caracterizan como los de mayor frecuencia en uso del acceso a la información– continúen utilizando este derecho que, afirmaron, derivará en sociedades más democráticas.
El encuentro fue organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Centro Internacional Woodrow Wilson para Becarios (Wilson Center), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.
Participaron Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI; Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Wilson; Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; Thomas Blanton, del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos; Karen Finnegan, de la Oficina de Servicios de Información Gubernamental de ese país, y Marcos Mendiburu, del Banco Mundial.