La Procuraduría General de la República (PGR) utilizará diversos mecanismos, como la declaratoria de abandono y la extinción de dominio, en la investigación que realiza en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, así como ocho de sus presuntos prestanombres, a fin de acotar su capacidad financiera y movilidad por Europa, indicaron funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

De acuerdo con la investigación que la Siedo realiza dentro de la averiguación previa PGR/ SIEDO/UEIDCS/012/2009, uno de los prestanombres más importantes de los ex mandatarios tamaulipecos es Faraough Fatemi Corcuera, quien pertenece a una de las familias más adineradas de Tamaulipas y cuyo negocio principal es la distribución y venta de cerveza del Grupo Modelo.

Es concesionario de la marca estadunidense Bud Light, uno de sus tíos tienen la concesión de la cerveza Corona, que le heredó su padre Manuel Corcuera, relacionado con negocios de venta de alcohol desde los años 50 del siglo pasado.

Faraough también es propietario de la Inmobiliaria Santa Dolores y de fraccionamientos en la zona residencial y en el área urbana y rural de Ciudad Victoria, donde al amparo de las últimas administraciones estatales obtuvo permisos para construir.

En el rancho San José, ubicado en el kilómetro 25 de la carretera Interejidal que heredo de su abuelo, planeó un fraccionamiento campestre para el cual hizo cobros por adelantado a los dueños, pero no les entregó los lotes, motivo por el cual enfrenta demandas penales y mercantiles en juzgados de fuero común por incumplimiento de contratos, pero gozaba de la protección de los gobiernos anteriores, refieren las indagatorias de la PGR, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Supuestamente. desde la administración del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba hasta el gobierno de Eugenio Hernández Flores, figuró entre los empresarios que financiaban campañas electorales para cargos de elección municipal, distrital, federal y las candidaturas a la gubernatura.

Entre las propiedades que la PGR decidió incautar y ha colocado en situación de abandono para que pasen a control del gobierno federal se encuentra la isla Frontón, que se localiza frente a las costas de Veracruz, y que supuestamente pertenece a Carlos Antonio Peláez Pier, aunque la PGR descubrió que ese terreno, el cual cuenta con playas vírgenes y apenas diez habitantes, es en realidad propiedad de Tomás Yarrington, en contra de quien ya existe una orden de captura por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia explicó que los ex mandatarios y otros ocho presuntos prestanombres deberán comprobar, en un plazo no mayor a 90 días, el origen lícito de dichas propiedades, de lo contrario éstas pasarán a manos del Estado.