a reciente iniciativa preferente que envío al Congreso el presidente Calderón parece que terminará como un auténtico parto de los montes. No satisface a nadie plenamente y ha encendido el encono latente entre las elites y en la sociedad. Más allá del contenido de la reforma –que no atiende los problemas estructurales de los mercados de trabajo fragmentados, dominados por la informalidad y afectando gravemente el futuro de jóvenes y mujeres– no deja de sorprender la errática estrategia que la presentación de este proyecto de ley conlleva. No me detengo en cuáles pudieron ser las motivaciones que guiaron al presidente Calderón puesto que todo su sexenio ha estado marcado por ocurrencias y dislates, muchas de ellas con graves consecuencias para la ciudadanía.

En cambio no parece clara la estrategia del presidente electo. Durante toda la campaña y aún antes insistió en las llamadas reformas estructurales –por cierto que es indispensable seguir cuestionando la relevancia de esas específicas reformas y no otras, y de ese supuesto mayestático de que el país las necesita. Pero a raíz de la emergencia del movimiento estudiantil #YoSoy132, EPN lanzó una serie de propuestas destinadas a demostrar su compromiso con la democracia. De esas 10 propuestas derivó posteriormente lo que se presentó como las tres iniciativas centrales que, quizás con ingenuidad, se supuso darían el sentido estratégico al nuevo gobierno: la iniciativa por la transparencia, la iniciativa contra la corrupción y la iniciativa para la regulación de la publicidad gubernamental. Parecía que esas tres iniciativas pavimentarían el camino para la construcción de los consensos necesarios para el ejercicio de gobierno.

Pero el presidente Calderón haciendo uso de la figura de iniciativa preferente mandó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma laboral y a la Cámara de Senadores la iniciativa sobre contabilidad gubernamental. Se supone que hubo algún tipo de acuerdo previo entre el Ejecutivo y el equipo de transición de EPN, pero la pregunta sigue siendo por qué la prisa.

La explicación se encuentra en una campaña de comentaristas que han sido siempre proclives a impulsar dichas reformas: flexibilizar el mercado de trabajo, ampliar el IVA eliminando las exenciones a alimentos y medicinas, y de insinuaciones de asociaciones empresariales poniendo en duda el compromiso real del presidente electo con las mencionadas reformas.

Si lo anterior es correcto daría una idea muy precisa de los estrechos márgenes con cuales cuenta el nuevo gobierno para efectivamente gobernar. Entre las demandas insaciables y ciegas de los poderes fácticos empresariales, y las no menos insaciables y ciegas demandas de los poderes tradicionales asentados en el charrismo sindical, pero no sólo ahí; está una sociedad fragmentada y afrentada, archipiélago de resistencias y proclive a nuevas expresiones movilizadoras, como lo han sido recientemente el Movimiento por la paz con justicia y dignidad (MPJD) y el #YoSoy132.

Apenas ayer el Banco Mundial, favorable a esquemas de privatización de las empresas públicas, advirtió de la necesidad de construir para la reforma de Pemex un consenso social. Empero se empieza mal cuando esta primera iniciativa más bien logra generar amplios disensos. Como siempre, se demuestra que en los procesos reformistas el uso de los tiempos políticos lo es todo. Valdría pena revisar el texto de Juan Linz El factor tiempo en los cambios de régimen.

Para las izquierdas es indispensable la construcción de un polo de oposición positiva. Por positiva no me refiero a obsecuente con los poderes, sino capaz de proponer alternativas programáticas, con reivindicaciones históricas –como el rescate del sindicato como instrumento indispensable para la defensa de los trabajadores– y con un compromiso claro con la democracia en todos los ámbitos de la sociedad y los gobiernos.

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