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Guatemala:
represión sistemática
contra los pueblos indígenas
Jaqueline Torres Urizar
Guatemala, Guatemala.
El asesinato de nueve personas indígenas y más de 30 heridas por parte del ejército, mientras se manifestaban en el departamento de Totonicapán el pasado 4 de octubre, terminan de avivar los temores suscitados entre una parte de la sociedad guatemalteca tras el arribo al poder político de un militar retirado. Con este hecho queda más que claro que el gobierno del Partido Patriota revive el pasado, al privilegiar su política represiva contra la población civil que se manifiesta en contra de la explotación y el despojo del territorio en el que habita.
Apenas pasaron cinco meses de los hechos en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango), y tanto el presidente Otto Pérez Molina, como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el del ejército, Ulises Anzueto, vuelven a estar en el centro de las críticas, no sólo por la forma violenta en que enfrentan los problemas sociales, generados por la exclusión y las desigualdades del sistema socio-económico que apoyan, sino también por el contenido de los discursos con que pretenden desmentir lo ocurrido. Entre otras declaraciones, las autoridades guatemaltecas insisten en que las fuerzas de seguridad no iban armadas y que las personas manifestantes son utilizadas y por ello “terminan en esta situación”.
Las contradicciones del discurso oficial afloran en la medida que aparecen imágenes que muestran una realidad diferente a la de sus declaraciones. Es decir, soldados armados que reprimen de manera violenta a la población que tomó Cuatro Caminos, alrededor del kilómetro 170 de la carretera Interamericana, mientras esperaba los resultados de un diálogo entre sus líderes con el presidente de la República.
Carmen Tacam, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, declaró que “quienes estaban en la manifestación nos dijeron que habían sido personas del ejército quienes dispararon en contra de ellos. Nosotros no íbamos armados y lo único que tenemos es nuestra vara, que es símbolo de la autoridad”. Un comunicado de la organización aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado “reprimieron el ejercicio del derecho ciudadano a manifestarse contra las decisiones inconsultas que el gobierno está tomando respecto a las Reformas Constitucionales, el alto costo de la energía eléctrica y los cambios en la carrera magisterial”.
A pesar que el ministro de Gobernación manifestó que es “innecesario y absurdo que ocurra este tipo de cosas cuando el gobierno ha demostrado una total apertura para dialogar sobre los problemas y encontrar soluciones”, varios son los grupos sociales que llevan meses esperando un proceso de diálogo; entre ellos, autoridades de los 48 cantones y alumnos del magisterio nacional. Pero las medidas represivas no han cesado en contra de líderes y lideresas organizados por la defensa de su territorio u otras demandas.
En este sentido, las manifestaciones de “mano dura”, consigna con la que ganó las elecciones el ahora mandatario, no se han detenido desde hace varios meses. Tal es el caso de Lolita Chávez, presidenta del Consejo de Pueblos de Kiché, que en julio sufrió un atentado luego de que su organización se manifestara contra la problemática relacionada con la energía eléctrica. Chávez manifestó en aquél momento que la población está diciendo “no a las transnacionales y sí a la vida”, y por ello exigía “que se respetaran las autonomías y decisiones comunitarias”, al mismo tiempo que pidió justicia, “porque en esta lucha hay vidas en juego”.
En agosto fueron emitidas 33 órdenes más de captura contra líderes comunitarios de Huehuetenango que han defendido su territorio contra la empresa Hidro Santa Cruz y exigido justicia por el asesinato de su compañero Andrés Francisco Miguel, en manos del personal de la empresa el primero de mayo. “Se utiliza el proceso penal como instrumento punitivo para criminalizar, perseguir y desarticular a los líderes del movimiento social de Barrillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica”, declaró Sergio Vives, uno de los abogados defensores del grupo.
En similares circunstancias están otras lideresas y líderes de San Juan Sacatepéquez, San Rafael las Flores y San José del Golfo, que defienden el territorio donde han sido autorizadas licencias para la exploración y extracción de minerales. “Lo único que hemos hecho con las comunidades es defender nuestro territorio, la tierra y la madre naturaleza”, dijo Hermelinda Simón Diego, una de las lideresas perseguidas.
Al igual que en mayo, en la ciudad capital se generó un movimiento que el viernes 5 se congregó frente a la casa presidencial para denunciar la militarización, exigir el respeto a las decisiones populares en todo el país y demandar acciones concretas que terminen con la impunidad.
Para la lideresa de Totonicapán, Gladys Tzul, este acto representa “una clara muestra de la fuerza represora del Estado contra las manifestaciones y demandas de los pueblos indígenas”.
En suma, estos hechos manifiestan que el sistema político no funciona. Existe una población que no tiene respuesta a sus demandas, un gobierno de “mano dura” que antepone el respeto a la ley para evitar “la violación al derecho de locomoción” a la vida de sus ciudadanos, un sistema de partidos corrupto, un proceso electoral arreglado entre los poderes político, militar y económico, y un mandatario electo que no teme en revivir los fantasmas del pasado.
(Con información del Centro de Medios Independientes, Guatemala)