Piden que confirme que no buscará extraditarlo de Suecia
Viernes 12 de octubre de 2012, p. 33
Nueva York, 11 de octubre. El Centro para Derechos Constitucionales y Baltasar Garzón, abogados defensores de Julian Assange y la organización Wikileaks, enviaron hoy una carta al procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, para solicitarle información sobre la existencia y/o elaboración de investigaciones criminales contra sus clientes por el Departamento de Justicia.
La misiva exige información sobre si un gran jurado convocado en Virginia está considerando autorizar cargos formales contra Assange y otros integrantes de Wikileaks bajo la Ley de Espionaje de 1917 por publicar cables diplomáticos y militares, entre otros documentos oficiales no públicos, del gobierno estadunidense. Un gran jurado, compuesto por ciudadanos, es una instancia en el proceso legal estadunidense para evaluar y avalar la formulación de cargos criminales federales por fiscales, el proceso se realiza en secreto hasta la presentación de cargos ante un tribunal.
En la carta también se pregunta a Holder si el gobierno estadunidense está considerando detener a Assange bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional, bajo la cual supuestamente se puede contemplar la detención militar indefinida de aquellos acusados de otorgar apoyo sustancial
a organizaciones consideradas terroristas
.
Escribimos para evaluar si Assange enfrenta de hecho algún cargo criminal en Estados Unidos y para proteger sus intereses frente una investigación y/o juicio
, indica el documento, y agrega: solicitamos que el Departamento de Justicia confirme si Assange es un blanco de o sujeto a cualquier investigación por un gran jurado federal
.
La carta también solicita que el Departamento de Justicia, encabezado por Holder, “confirme que no buscará arrestar o extraditar a Assange desde Suecia o cualquier otro país para enfrentar cargos actuales o prospectivos en Estados Unidos relacionados con Wikileaks y/o sus actividades como publicador y periodista”.
La carta afirma que la fiscalización o detención de un director de un medio constituye una intrusión injustificable y no permisible
para el derecho de libre expresión garantizado por la primera enmienda de la Constitución y que ello sentaría un precedente peligroso
.
(Para más información ver Wikileaks de La Jornada)
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