Huimilpan, Qro., 11 de octubre. Avícola Gala, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, instaló una granja de 22 casetas donde cría y engorda más de 990 mil pollos para la empresa Pilgrim’s Pride, sin permisos y sin cumplir normas de sanidad; además, descarga sus residuos en el bordo de esta localidad, lo que provoca olores nausaebundos, denunciaron lugareños y mostraron los convenios firmados por ambas empresas.

Los denunciantes explicaron que los propietarios de la primera empresa avícola, Luis Roberto Manuel de Alba Gutiérrez, Juan Carlos de Alba Gutiérrez y David Camacho Sicilia, se establecieron en la comunidad de Carranza a finales de 2007.

Primero instalaron ocho casetas de cría en aproximadamente cinco hectáreas. En enero de 2011 devastaron 20 hectáreas de terreno forestal e instalaron 10 módulos hasta sumar 22 casetas.

Cada caseta abarca aproximadamente 100 metros de largo y 2.30 de ancho, y tiene capacidad para 45 mil pollos. Algunas se ubican a sólo 200 metros de viviendas y de la escuela primaria de Carranza, así como de la colonia nuevo Apapátaro, en esta demarcación, a 25 kilómetros de la capital queretana,

Los lugareños explicaron que, de acuerdo con las normas sanitarias, una granja avícola debe estar a cinco kilómetros de las zonas pobladas. Agregaron que la contaminación afecta a unos 5 mil habitantes de Carranza, Apapátaro, Nuevo Apapátaro, El Zorrillo, Puerta del Tepozán y El Garruñal, comunidades indígenas del municipio de Huimilpan.

Según el convenio de aparcería que firmaron los representantes de ambas empresas, los terrenos son propiedad de Avícola Gala, que cría y engorda pollos para entregarlos a Pilgrim’s Price, que tiene en la capital del estado una planta con capacidad para procesar un millón 530 mil aves a la semana.

El convenio, cuya vigencia es del primero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, fue avalado por Enrique Burgos Hernández, notario público número 3, hijo del ex gobernador y hoy senador Enrique Burgos García.

Ricardo Vargas Ruiz, presidente de la Asociación de Colonos de Nuevo Apapátaro, explicó que en febrero de 2011 se manifestaron contra la instalación de casetas en un predio forestal por no haber permiso de cambio de uso de suelo, licencia de funcionamiento ni estudios de impacto ambiental.

Las autoridades ambientales clausuraron 15 días el predio y aplicaron una multa de 10 mil pesos, lo que permitió a los empresarios seguir trabajando.

Vargas Ruiz recordó que ejidatarios de El Granjero, una comunidad aledaña, talaron sin permiso un garambullo y les impusieron una multa de un millón de pesos. Esto, dijo, refleja el doble rasero de los gobernantes.

Como no lograron que la granja fuera clausurada, los colonos interpusieron un amparo ante el juzgado cuarto de distrito federal, con sede en la capital dele stado, para cancelar la instalación de las casetas; sin embargo, los empresarios recibieron apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno y no acataron la resolución.

Ricardo Vargas señaló que el 23 de noviembre de 2011, Arturo Sánchez, entonces secretario de pbras públicas del municipio, otorgó a los empresarios una licencia de construcción maquinada, después de que instalaron la granja. Los están protegiendo a toda costa, expresó.

Los lugareños advirtieron que si las casetas no son reubicadas realizarán manifestaciones y cerrarán carreteras, pues la contaminación no sólo produce olores fétidos: también les provoca erupciones en la piel e irritación en los ojos. Por lo pronto, han instalado en el camino de entrada a Carranza pancartas que dicen fuera granja.