La intención de un grupo de diputados del PRD para revisar dictámenes sobre leyes que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y modificados al ser publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal fue frenada ayer desde la propia bancada perredista.

Por la mañana, los perredistas Daniel Ordóñez, Esthela Damián y Efraín Hernández anunciaron la inclusión de un punto de acuerdo para exhortar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a iniciar una investigación para dar con y sancionar a los responsables de alterar ilegalmente el plan de desarrollo urbano de la delegación Cuauhtémoc, en el que se modificó el uso de suelo en un predio de la colonia Condesa, para edificar una plaza comercial en la calle Pachuca.

Ordóñez y Damián señalaron que con ello se abriría la puerta para revisar una serie de anomalías de ese tipo detectadas desde la cuarta legislatura, que se han venido ventilando públicamente, como sucedió con la alteración a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Morales explicó que se había decidido iniciar con el caso de la calle Pachuca, porque era el que estaba más documentado, pero la intención era revisar otras irregularidades, y en el futuro buscar un mecanismo para blindar los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, esta acción no prosperó, pues primero se anunció que sería discutido hasta el final del orden del día en la sesión de ayer, y después fue retirado, sin informarse.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, dijo que han comprobado que en el caso del plan de desarrollo urbano de Cuauhtémoc la Asamblea Legislativa cumplió con el envío de oficios y el dictamen con 62 predios para cambios de uso de suelo y no 63, como salió publicado.

Lo que hemos dicho es que se hagan las investigaciones correspondientes para ver si en las autoridades administrativas hay alguna responsabilidad por el cambio doloso de un documento público, refirió. Señaló que quien debe presentar la denuncia al respecto es quien tiene el interés jurídico y no el órgano legislativo.