Las autoridades penitenciarias no han logrado erradicar la problemática de las cabañas dentro del Reclusorio Norte por lo que continúan prácticas como encuentros íntimos clandestinos durante los días de visita, señaló la segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán.

Entrevistada luego de participar en la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre personas privadas de la libertad en las Américas, manifestó que el personal de la CDHDF también pudo observar el deterioro de las condiciones de vida de los reos que son enviados al área de castigo conocida como El Panal, donde son aislados como medida disciplinaria.

Al referirse a un recorrido efectuado en el Reclusorio Norte el pasado martes, agregó que en dicha área los internos castigados permanecen regularmente 15 días para aislarlos del resto de la población, además de que se les restringen derechos, como la visita familiar.

Sobre las denominadas cabañas, Salinas Durán indicó que si bien las autoridades afirman que éstas han disminuido, según versiones de los mismos internos en los patios de dicho centro aún se instalan alrededor de 250, por cuyo uso los reos deben pagar una cuota.

Al participar en la presentación del informe, dijo que la violencia en las cárceles del DF ha dejado saldos muy graves, pues en los cuatro años recientes se han suscitado 98 homicidios, casi el mismo número de los ocurridos en ese mismo lapso en todos los centros de reclusión de Colombia.

El documento de la CIDH destaca que los problemas más graves y extendidos en las prisiones del continente americano son el hacinamiento, los altos índices de violencia carcelaria, así como los cotos de poder de algunos presos, de los cuales también se benefician las propias autoridades.

Es lo que el informe denomina como gobiernos compartidos, donde hay situaciones o relaciones de subordinación entre los internos, que a veces sustituyen la oferta y las relaciones de trabajo que deberían satisfacerse desde la administración penitenciaria, destacó.

De su lado, la Coordinadora de Proyecto de la Open Society Justice Iniative, Ina Zoon, manifestó que el principal problema que persiste en las cárceles de la ciudad de México es que están llenas de pobres acusados, principalmente, de robos menores que no superan los siete mil pesos, además de que hay personas que llevan mas de 10 años en prisión sin haber recibido sentencia.