n Punta del Este, en el contexto de la conferencia de ministros de Defensa de las Américas que se lleva a cabo en ese balneario uruguayo, ayer, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, instó a los gobiernos latinoamericanos a enfrentar las tareas de seguridad por medio de las corporaciones policiales y no con las fuerzas armadas. Según el funcionario, el uso de militares para el mantenimiento del orden civil no puede ser una solución de largo plazo.

Aunque el señalamiento es correcto en sí mismo, resulta significativo que contradiga la política continental que había impulsado Washington desde los tiempos de Richard Nixon, cuando las instancias de poder de Estados Unidos presionaron a los gobiernos latinoamericanos para que incluyeran entre sus prioridades de gobierno el combate al narcotráfico. Esa línea se endureció durante la presidencia de George Bush padre (1989-1992) cuando, tras el derrumbe del bloque soviético, la Casa Blanca decidió declarar nuevo enemigo mundial a las organizaciones delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes ilícitos.

Posteriormente, durante la gestión de George Walker Bush, el gobierno de Estados Unidos popularizó el concepto de narcoterrorismo para homologar las estrategias de contrainsurgencia que venían aplicando diversos regímenes latinoamericanos, en particular el colombiano, con la cruzada emprendida por la Casa Blanca contra el terrorismo internacional, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al mismo tiempo, Washington buscó cooptar a los países del subcontinente para la cooperación en materia de seguridad e incluso consiguió que varios aportaran tropas a la incursión bélica contra Irak iniciada en 2003. En ese contexto, durante la presidencia de Vicente Fox, nuestro país fue sumado a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, un pacto oscuro –mucho de su contenido se mantiene en secreto hasta la fecha– y peligroso para México, por cuanto lo coloca entre los posibles objetivos de organizaciones terroristas islámicas. Dos años más tarde, Felipe Calderón firmó con el mandatario estadunidense la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación policial y militar en el contexto del cual se ha desarrollado la catastrófica ofensiva gubernamental contra la delincuencia organizada. El documento fue, en buena medida, una copia del Plan Colombia, que ha sido el instrumento principal de Washington para tripular las decisiones del gobierno colombiano en materia de defensa y seguridad pública.

En suma, en forma explícita o implícita, y valiéndose de diversos instrumentos injerencistas, las autoridades de Estados Unidos propiciaron, durante toda la década pasada, la militarización de la guerra contra las drogas. Que ahora el jefe del Pentágono desaconseje esa medida y abogue por devolver la cuestión de la seguridad pública a las instancias civiles, es un paso en la dirección correcta pero, al mismo tiempo, exhibe la irracionalidad criminal de Washington en sus directivas hemisféricas, así como la inocultable miopía de los gobiernos que, por acatarlas, dieron lugar a escenarios de violencia y destrucción sin precedente en sus países.

La moraleja, si hay alguna, es que las estrategias de seguridad pública deben ser diseñadas por cada país en forma absolutamente soberana y sin ceder a las presiones de Washington, sea cual sea su sentido.