A menos de dos meses de que concluya el sexenio, la Secretaría de Gobernación (SG) presentará un plan para combatir la corrupción en la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos y, por tanto, en la operación de casinos.

Desde hace un año, la SG elaboró un diagnóstico que apuntaba a una red de prácticas irregulares avaladas desde los altos funcionarios del área. Sin embargo, algunos de los cambios, calificados de fundamentales para hacer realidad esta restructuración no se harán durante el gobierno de Felipe Calderón.

Por ejemplo, una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, normatividad de 17 artículos, sin cambios sustanciales desde 1947; de igual forma, la ampliación de la plantilla de supervisores que no pasa el medio centenar; a cambio, prometen inspecciones más eficientes y transparentes.

Le corresponderá ahora al Congreso de la Unión debatir sobre la necesidad de actualizar un marco normativo que data de finales de los 40, desde varias perspectivas: financiera, jurídica y de salud pública (ludopatía), y también para impedir la presencia del crimen organizado, dijo Obdulio Ávila, subsecretario de Gobierno y presidente del Consejo Consultivo de la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos de la SG a La Jornada.

El titular de Gobernación, Alejandro Poiré, anunciará en los próximos días dicho plan.

Uno de los ejes es la aplicación de exámenes de control de confianza a inspectores y el aumento de visitas a casinos. Además, la firma de convenios con los estados.

La dependencia resalta que se logró un aumento de más de 400 por ciento en el número de supervisiones, al pasar de 80 en 2011 a más de 342 en este año.

Posiblemente en esa exposición, Poiré informe el estado en el que se encuentra la base de datos para la actualización de expedientes; el proyecto de restructura de la dirección general adjunta y eventualmente dirá por qué no prosperó el proyecto de reformas a este sector, cuya integración de un grupo de trabajo –creado específicamente para ese fin– supuestamente labora desde en mayo de 2011.

También está pendiente que las autoridades digan el estado de la denuncia de hechos de septiembre de 2011 presentada en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

La querella fue en contra de varios funcionarios que supuestamente avalaron autorizaciones de apertura y operación con criterios de excepción regulatoria, es decir, sin que los interesados cumplieran con los requisitos de ley, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades.

De lo indagado hasta ahora por este diario se desprende que el pretendido cambio no se basa en una estructura más amplia de esta dirección sino en supervisiones más selectivas que, de igual forma, deberán navegar con un marco legal anacrónico e insuficiente, calificado así por funcionarios del Palacio de Covián, en el reporte de septiembre de 2011, luego del incendio en el Casino Royale, en Monterrey, que dejó medio centenar de muertos.

Al momento del siniestro, dicho establecimiento no estaba, como tal, registrado en la lista de Gobernación; la cadena de irregularidades, con origen en el permisionario Atracciones y Emociones Vallarta, que derivó en la operación de tres empresas más no supervisadas en San Jerónimo 205, Monterrey, bajo la marca Casino Royale.

Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cuando se otorgaron 14 permisos, con potencial de operar hasta 231.

En la siguiente administración se dieron facilidades para la apertura de 83 casas de juegos y, el segundo boom ocurrió en el último tramo del foxismo, cuando la cifra llegó a 183 casinos más.

Actualmente hay 29 permisionarios de casas de juegos y sorteo de números, el área más sensible a cargo de esta dirección general adjunta por la que han desfilado varios responsables en el sexenio que está por concluir.

Luego de varios meses fue nombrado Alejandro Martínez Álvarez, ex coordinador de Entidades Federativas de la SG y ex titular para la operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos (ex braceros).

El funcionario tendrá a su cargo el cierre de una dirección en la cual sus titulares han hecho múltiples diagnósticos, aunque pocas acciones si se considera que han tenido que ampliar el número de permisos (al menos de 27 a 29 en un año), pese a que la promesa era no otorgar ninguno más.

En Gobernación se argumenta que los dos permisos nuevos se deben a órdenes judiciales de empresarios que ganan amparos.

Hasta el año pasado había 561 establecimientos con permiso para operar, de los que 306 habían reportado aviso de apertura en funcionamiento.

En Bucareli suele argumentarse también que los centros de entrenimiento no pueden abrir sin los permisos estatales y municipales.

Los juegos y sorteos (casino) autorizados por la SG son dos: apuestas sobre el resultado de un deporte y sorteo de números, conocidos como bingo, siempre y cuando las máquinas no sean tragamonedas.