uy entusiasmados están el próximo inquilino de Los Pinos y su equipo de transición porque, dicen, la reforma energética está al alcance de la mano y su intención es no modificar la Constitución para que el capital privado abiertamente le clave el diente a ese sector estratégico. Así, Enrique Peña Nieto y su nuevo gobierno sólo seguirían la ruta transitada por sus cinco antecesores, o lo que es lo mismo, violar lo constitucionalmente ordenado y gobernar a golpe de reglamentos, aunque, de acuerdo con la norma jurídica, lo primero mata a los segundos. Ese ha sido el camino: reglamentar y reclasificar (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) para desmantelar el aparato productivo del Estado, del que ya no queda ni el recuerdo.

Con ese ánimo llega el nuevo gobierno. Pero el problema para Peña Nieto y su grupo de tecnócratas (que es el mismo de los últimos 30 años, hijos y nietos incluidos) no es en sí alterar o no el texto constitucional para concretar sus planes, sino que, de entrada, está obligado a cambiar la declaración de principios del partido que lo llevó a Los Pinos, el PRI, pues en ella no queda lugar a dudas: ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo, es decir, lo que precisamente establece la Constitución que no están dispuestos a modificar.

Después de cambiar la citada declaración de principios (de obligado cumplimiento para los miembros de dicha agrupación política), el engominado tricolor y sus tecnócratas deberán aplicarse para también modificar el programa de acción de su propio partido, el cual establece, entre otros elementos, que “el PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por el principio de una industria petrolera nacional integrada de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos… De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”. En esto, otra vez, se les cruza en el camino el texto constitucional que no quieren alterar.

Luis Videgaray, coordinador del equipo de transición de Peña Nieto, ha dicho que la reforma energética está al alcance de la mano, mientras Ildefonso Guajardo, coordinador de vinculación con empresarios del equipo de transición del presidente electo, declaró que los asesores del futuro mandatario están buscando caminos para la apertura de la industria energética mexicana que no requieran de la realización de cambios a la Constitución… Peña Nieto quiere romper el monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración, y está considerando cambios a la legislación que no requieran la aprobación de dos terceras partes de los miembros del Congreso, que es necesaria para reformar la Constitución” (La Jornada).

Otra piedra en el zapato modernizador de Peña Nieto y tecnócratas que lo acompañan, pues el texto constitucional (artículo 28) deja en claro que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos (…)”, algo que confirma el artículo 25 de la misma Constitución (“el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 (…)”. Entonces, aquí también se atoran, porque obligadamente tendrían que promover cambios constitucionales, a menos que por decreto reclasifiquen un sector estratégico, el energético, y de un plumazo lo conviertan en prioritario.

Tiempo atrás, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM detalló la aparentemente sutil diferencia entre lo estratégico y lo prioritario en términos constitucionales: lo primero es el conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el Estado a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública, por imperativos de seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional; lo segundo, “aquellas actividades que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado (…) por razones circunstanciales e imperativos de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional”.

Las estratégicas (como el petróleo y los demás hidrocarburos, y la generación de electricidad, donde el sector privado ya sentó sus reales, mediante leyes reglamentarias) se basan en imperativos de seguridad nacional; las prioritarias (por ejemplo, comunicación vía satélite y ferrocarriles, ambos sectores propiedad del capital privado) en cuestiones circunstanciales. Las primeras son actividades exclusivas del Estado; las segundas las lleva a cabo el gobierno federal en concurrencia con el capital privado y el llamado sector social.

Entonces, como en los maderos de San Juan: piden queso, piden pan… pues que les cueste; quieren privatizar los hidrocarburos, que den la cara y promuevan cambios constitucionales. De otra forma sólo violarían la Constitución y el de Peña Nieto será un nuevo gobierno que entre por la puerta de atrás, y ya se está haciendo costumbre.

Las rebanadas del pastel

De cualquier forma, no hay que esperar mucho de los tricolores, porque en su programa de acción el PRI también ratifica su invariable apoyo y apego a los principios fundamentales del artículo 123 constitucional y las conquistas sociales de los trabajadores, y se pronuncia en contra de una reforma a su ley reglamentaria que vulnere los derechos que históricamente ha conquistado la clase trabajadora; reivindica la recuperación del salario, la dignificación del trabajador y postula la contratación colectiva que deje de lado la informalidad de la contratación temporal, que impide al trabajador la obtención de derechos a cambio del trabajo realizado, y en los servicios públicos reconoce el derecho de los trabajadores a la definitividad en sus plazas de base contra el empleo eventual, y “rechaza que, bajo la excusa de la promoción de la productividad, se busquen afectar los derechos laborales y se pongan en riesgo las conquistas de los trabajadores…”, es decir, exactamente lo contrario de lo aprobado por los priístas en la (contra) reforma laboral.

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