Buenos Aires, 7 de octubre. Mientras grupos de gendarmes y prefectos de Argentina continúan su protesta frente a las sedes de ambas fuerzas de seguridad desafiando las órdenes de desbloquear la entrada, comienzan a develarse temas de corrupción entre altos oficiales y jueces que habrían llevado a esta peligrosa situación.

El periodista Horacio Verbitsky analiza una red de corrupción desarrollada alrededor de los amparos pedidos por efectivos de estas fuerzas cuando la Corte Suprema determinó que debían eliminarse los sueldos complementarios que se pagaban en negro desde los años 90 y blanquear la situación poniendo todos los salarios en blanco lo que sucedió a través del decreto 1307.

Añade el periodista que el decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra (jueza) ya fue destituida en juicio político.

De acuerdo con su investigación, esto permitió que 79 por ciento de los más de 30 mil agentes en actividad de la Gendarmería y 60 por ciento de los 16 mil quinientos de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas y alcanza a la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas.

De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad (es decir, mucho antes de la protesta) debido a estos amparos judiciales la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial.

Señala que el intento de las autoridades de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior

Aclara el periodista que aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, disponía en su artículo 6 que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto.

Incluso las autoridades del Ministerio de Defensa cuando estaba ya lista la liquidación ordenaron detenerla antes de que se depositaran los fondos en las cuentas individuales y los jefes de Prefectura en este caso de cumplir la orden se alejaron de sus puestos, algunos de vacaciones y otro en una inverosímil gira de inspección contable, de modo de estar bien lejos de las esquirlas en el momento del estallido”.

De esta manera los gendarmes y prefectos que comenzaron la protesta sólo reclamando por la reducción de sus salario, lo que fue solucionado rápidamente por el gobierno, continuó por otras demandas lo que lleva a analizar que la acción fue inducida deliberadamente en realidad en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas. Una vez producida la insoburdinación aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que es el que está blanqueando las distorsiones salariales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem y (su ministro de Economía) Domingo Cavallo (1989-1999) y continuadas por todos los gobiernos anteriores al actual estima el periodista. Y esta sería la historia real de cómo se llegó a la actual situación.