Sólo hay una forma de que salgas de aquí: firma lo que yo te diga, si no ya sabes lo que te va a pasar. Vamos a ir por tus hijos para matarlos, le dijo un policía vestido de civil pero con chaleco de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a Ana Luisa Garza Aguilar, luego de tres días de cautiverio y torturas. Ella no lo dudó, inmediatamente firmó la declaración donde aceptaba ser halcona de Los Zetas.

Permanece de pie, a un lado de las rejas de entrada del penal de Topo Chico. Ha estado tres meses presa y le tiemblan las manos cuando recuerda el martirio al que fue sometida por los ministeriales en la sede de la AEI: “Me ponían bolsas de plástico en la cabeza. Me gritaron: ‘¡coopera; vas a cooperar! Dinos nombres. ¿Qué has escuchado? ¡Tú eres halcona! Conoces a un tal Luca y trabajas para él. Eres su amante. Te lo coges. Tenemos un video donde estás con él en un motel. ¡Eres una puta!’”.

Relata que estaba esposada, con los ojos vendados y yacía en el suelo. Un sujeto se subió en ella y otros dos la sujetaron de los brazos, le jalaron el cabello y le pusieron bolsas de plástico, al mismo tiempo le dieron puñetazos en piernas, costillas y brazos... A punto de asfixiarse y casi desmayada, le dijeron: “Dános tu clave de Facebook; estuviste chateando con él; encontramos su contacto en tu celular. Eres halcona”.

Ana Luisa accedió a todo para detener el tormento. Estuvo 15 días arraigada. Después de firmar ante un juez, que no dijo nada al verla visiblemente golpeada, le pusieron un chaleco naranja y fue presentada junto a otras personas a los medios de comunicación y ante una mesa con droga, armas y celulares supuestamente incautados: “Caen 52 halcones de Los Zetas tras operativos en Nuevo León”, dijeron las autoridades.

Amnistía Internacional presentará el próximo 11 de octubre su informe: Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y malos tratos en México, que documenta casos de complicidad de funcionarios públicos y del crimen organizado en actos de tortura.

Práctica común

En seis meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha emitido 23 recomendaciones al gobierno de Rodrigo Media sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; de las cuales, 20 están dirigidas al procurador Adrián de la Garza por la actuación de agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a su cargo.

En Nuevo León la tortura está institucionalizada, dijo de entrada el abogado Leonel Jasso, del Observatorio de Derechos Humanos, en una visita a las cárceles dominadas por el crimen organizado. Es una constante en casi todas las averiguaciones en la primera etapa. Hemos comprobado que los más torturadores son los ministeriales, los de la Agencia Estatal de Investigaciones tienen el primer lugar. Hay cientos de casos. Encontramos personas golpeadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La constante son golpes en el dorso y las piernas; y la utilización de bolsas de plástico con el fin de simular la asfixia y obtener la confesión.

Esa práctica es utilizada por varios cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina en todo el país, señaló Javier Enríquez Sam, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad: En el sexenio de Felipe Calderón ésta aumentó mil por ciento. Fabrican delincuentes. La clave de la permanencia y el aumento de esos actos es la impunidad. Nunca se ha juzgado a un torturador en este país.

Según su reciente informe, En nombre de la guerra, contra la delincuencia, el incremento de la tortura por autoridades se registró en estados del norte del país, particularmente contra jóvenes, muchos de ellos inocentes que fueron arrestados y atormentados para luego incluirlos en un show mediático: Se violenta su derecho a la inocencia. La tortura es brutal; les deja huellas físicas y su sique dañada con severos traumas.

Ana Luisa confirmó los alcances de las secuelas de la tortura que sufrió esos meses: padece dolores de cabeza, pérdida de peso, pesadillas, insomnio, angustia, depresión... Llora frente a los policías que nos vigilan en el penal de Topo Chico, hombres mal encarados que estuvieron en alerta durante la charla, debido a la situación que padecen los reos en un penal dominado por Los Zetas.

Tiene 24 años, es de baja estatura y delgada, portaba un pantalón de mezclilla y una camiseta de manga corta. Lleva el cabello cobrizo a medio pintar, la raíz negra. Mueve las manos nerviosamente; en sus uñas se observa el desgastado esmalte azul. Se enjuga las lágrimas y tiembla cuando recuerda el suplicio.

Era la una de la tarde del 11 de junio, cuando unas siete camionetas se estacionaron afuera de su casa, en el municipio de Allende. Un grupo de hombres encapuchados, portando armas largas y con chalecos de la AEI, entraron violentamente a su domicilio. Sin orden de cateo, ni de detención, primero se llevaron a su esposo. Una hora después volvieron por ella. Le quitaron su celular, la esposaron y vendaron. La tortura empezó desde el primer momento, durante el trayecto: “Me preguntaban por Luca, un tipo con un sobrenombre, con el que había chateado por Facebook y a quien nunca conocí. Les dije que estuve chateando con él hacía unos tres meses, pero le dejé de escribir y no supe más de él. Luego me pegaron en las piernas con el puño cerrado y me ponían una bolsa en la cabeza hasta el cuello para asfixiarme, me estiraron el cabello. Yo sentía que me moría”.

De pronto se le cayó la venda de los ojos y pudo verlos. El vehículo se estacionó en el estanque de San Emilio y observó cómo en las otras camionetas traían más personas que bajaron y los sentaron en el suelo, la mayoría, jóvenes: También los torturaron; gritaban, pedían auxilio y los policías nos trataban con puras palabras obscenas.

Fueron horas de infierno. Por la noche la llevaron a la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, dirigida por Adrián de la Garza Santos.

Le tomaron fotos y por un rato la dejaron sin venda. Luego, la llevaron al auditorio Garza de la Garza de la AEI donde había mucha gente tirada en el suelo, con los ojos vendados, una especie de cámara de tortura con decenas de verdugos: “Estaban torturando a la gente. Se oían muchos gritos, golpes... Me golpearon y amenazaron otra vez: ‘te vamos a matar, te vamos a desaparecer; vamos a matar a tus hijos, di que eres halcona!... ¡Confiesa! ¡Coopera! Vas a firmar o te va a llevar tu chingada madre’”. Aguantó tres días de tortura, sin comer ni dormir. Luego cedió.

Síndromes comprobados

El caso de Ana Luisa fue asumido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH), dirigida por Minerva Martínez. El expediente incluye fotos de los golpes, exámenes médicos que comprueban la tortura y evaluaciones sicológicas que demuestran el trastorno de estrés postraumático aplicado con base en el Protocolo de Estambul.

En la cárcel, sigue padeciendo trastorno severo de ansiedad y depresivo. La recomendación de la CEDH no ha sido asumida por ninguna autoridad estatal. No se ha enjuiciado a los torturadores, ni tampoco hay reparación del daño. La comisión aclaró que Ana Luisa necesita ser atendida por un siquiatra y recibir un tratamiento sicofarmacológico que no le fue autorizado en prisión.

Pese a su inocencia sigue presa: La tortura se ha demostrado, su declaración firmada queda completamente invalidada. La tortura es generalizada, todos las autoridades de seguridad la aplican. Y se comprueba la necesidad que tiene el Estado de obtener estadísticas de detenidos y condenas, sin importar cómo, explicó Jasso con años de experiencia en derechos humanos.

Enríquez Sam coincidió: ¿Cómo justifica el calderonato tanto Ejército, tanta Marina y tantos policías en la calle si no hay responsables? Fabricando delincuentes. Incluso les piden cuotas de detenidos para demostrar que están cumpliendo. Y ese es el resultado: más tortura y cientos de inocentes en las cárceles de México.