El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, dejará a la administración de Enrique Peña Nieto cuando menos dos mil procesos judiciales en marcha vinculados con actos de corrupción y diversas irregularidades de funcionarios federales.

A esos procesos se suman los de los órganos internos de control (OIC) de las más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal, y sobre los cuales cada OIC tiene registro propio.

En entrevista con La Jornada  en sus oficinas de la SFP, el funcionario federal indicó que hay casos de otros sexenios, pero entre los más relevantes están los detectados en la gestión de Felipe Calderón, por su monto e implicaciones, entre ellos el fraude por 13 millones de dólares en PMI Comercio Internacional, brazo comercial de Pemex en el mercado mundial, que implicó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, aunque la autora del quebranto, la ex subdirectora comercial de destilados intermedios, María Karen Miyasaki Hara, se encuentra prófuga de la justicia.

Mencionó también los casos de los 22 funcionarios y 18 jueces que causaron un quebranto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 300 millones de pesos (mismo monto de un bono de deuda que recién emitió la CFE) y el de Pronósticos Deportivos, donde se evitó un fraude orquestado por cuatro funcionarios.

En total, dijo, la SFP impusó 50 mil 829 sanciones administrativas a 42 mil 844 servidores públicos, de las cuales 9 mil 528 son sanciones fuertes, como inhabilitación y destitución, y 608 contra servidores públicos de alto nivel. Impuso también 4 mil 734 multas, de las cuales mil 724 rebasan los 150 mil pesos y de ellas 117 corresponden a servidores públicos de alto nivel.

Sobre la creación de una comisión anticorrupción, propuesta por Peña Nieto, Morgan dijo: con la actual estructura es suficiente; es decir, con las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo Nacional de Evaluación, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la SFP y las nuevas leyes emitidas.

Rafael Morgan Ríos durante la entrevista con La JornadaFoto Carlos Ramos Mamahua

En su opinión, el titular de la SFP debe seguir siendo designado por el Presidente, porque es un órgano de control interno del gobierno federal; para lo demás existe la ASF como órgano externo.

Precisó que, aunque (los panistas) ya nos vamos, nos interesa que las cosas que se hicieron bien continúen, como lo que trabajamos en anticorrupción, simplificación administrativa, transparencia, rendición de cuentas (con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental) y contrataciones públicas.

Ilustró con varios ejemplos, entre ellos que la SFP impuso 2 mil sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, y atendió 10 mil 876 inconformidades, la mayoría en materia de adquisiciones (5 mil 369).

Antes de la promulgación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, (en junio pasado) las sanciones a las empresas eran por un máximo de 1.5 millones de pesos; ahora, alcanzan 35 por ciento del valor del contrato que motivó el acto de corrupción. Imagínese el monto; hay contratos por miles de millones de dólares. Además, inhabilitamos hasta por 20 años a las empresas, según el caso, lo que significa que en ese lapso no podrán celebrar contratos con el gobierno federal”.

Auditorías de campo

Otro avance, indica, es el cambio en el sistema de auditorías: ya no revisamos papeles, sino que nos vamos a campo: se verifica si existen las compañías contratistas, que los documentos que presenten sean auténticos, que existan las obras (porque reportaban obras que no existían); los avances de cada una, en fin. Estamos haciendo auditorías de campo y preventivas, es decir, en el momento en que se hacen los trabajos.

Morgan habló también de la eliminación de 46 por ciento de las normas del gobierno federal, lo cual generó ahorros por 85 mil 210 millones de pesos de 2009 a 2011. Quitamos normas y trámites, porque la ineficiencia le cuesta a los mexicanos tres veces más que la corrupción.