a crisis asfixia cada vez más a los ciudadanos españoles. Muestra de ello es la polémica medida adoptada por el gobierno de la ciudad de Madrid, gobernada desde hace décadas por la derecha, que obliga a partir de este curso escolar a cobrar a los alumnos que lleven la comida desde casa en la tradicional lonchera o tupperware. Es decir, que todos los alumnos que lleven la comida de casa –muchas veces porque sus padres no les pueden pagar el comedor escolar– estarán obligados a pagar 3.8 euros (65 pesos). Cifra sensiblemente mayor a lo que pagan los diputados regionales en la Asamblea de Madrid, que tienen el comedor subvencionado y no desembolsan más de 50 pesos por un menú más sofisticado y variado.

Madrid se ha convertido en la primera, y hasta el momento única, ciudad española que regulará y cobrará el tradicional lunch de los estudiantes de primaria y secundaria. Cuando las arcas públicas están vacías, las autoridades aprietan aún más la presión sobre el ciudadano de a pie, sobre los trabajadores que a duras penas llegan a fin de mes (cuando llegan).

Para sorpresa de las asociaciones de padres y de los propios alumnos, el gobierno conservador de Madrid volvió a ejercer la mayoría absoluta que detentan para aprobar esta regulación que obliga a los alumnos a pagar esa cantidad por llevan la comida de casa. Dicen que ese dinero se destinará a cubrir los gastos que provocan los comedores escolares –excluyendo, obviamente, la comida–. Es decir la vigilancia, la mesa y la silla y hasta las servilletas y el mantel. Por usar esas instalaciones ahora deberán pagar.

Una medida que contrasta con los privilegios que tienen los diputados regionales y el propio gobierno, que tienen comedores subvencionados en los que hasta las copas de whisky o de ron se cargan al erario.

Armando G. Tejeda, corresponsal