El 28 de enero de 2010, dos meses después de que los directivos de diversas áreas del Issste tuvieron conocimiento de que el organismo no podría implementar el software informático que supuso para el instituto una erogación superior a los 300 millones de pesos, el entonces director de Finanzas, Jesús Villalobos López, giró un oficio a un empleado de nivel medio, ajeno a dicho proyecto, para hacerlo responsable de la comprobación, supervisión y verificación de la correcta implementación del programa elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila (Uadec).

A partir de entonces comenzaron los problemas para el ingeniero Rogelio Morales Molina, jefe de análisis de la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección de Finanzas del Issste, pues el procedimiento de responsabilidades administrativas iniciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el que se investiga a los autores del quebranto financiero al instituto por 332 millones 475 mil pesos, lo señala como uno de los principales responsables.

El penalista Jesús Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho administrativo y defensor de Morales Molina, indicó a La Jornada que el oficio que Villalobos envió en enero de 2010 a su subordinado tenía como propósito crear un chivo expiatorio, pues, en realidad, su objetivo era liberar de cualquier responsabilidad legal a los funcionarios que conforman la cúpula del Issste, quienes para esa fecha ya sabían que habían cometido un grave error que debería llevarlos a la cárcel.

En su edición de ayer, citando documentos oficiales y fuentes gubernamentales, este diario informó que la SFP investiga un quebranto financiero en el Issste, derivado de un contrato que firmó el instituto en 2009 con el fin de adquirir un programa informático para el que no tenía infraestructura.

Con ese proyecto se pretendía modernizar los expedientes clínicos con los que médicos y enfermeras documentan la atención de millones de usuarios del instituto.

Carlos Tena Tamayo, actual director del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), además de Jorge Omar Enciso Martínez, Celina Alvear Sevilla y Antonio Guzmán Nacoud, son algunos de los funcionarios del Issste sujetos a procedimiento administrativo por la SFP, según consta en el expediente 804/2012 elaborado por el órgano interno de control del instituto de salud, del cual tiene copia La Jornada.

El ilícito investigado ocurrió en 2009, cuando Jesús Villalobos López fungía como director de Finanzas del instituto. En esa fecha el director del Issste era Miguel Ángel Yunes, quien en febrero del año siguiente dejó la institución para participar en la elección para gobernador de Veracruz.

Para el abogado Alberto Guerrero Rojas resulta sospechoso que la SFP aún no haya citado a Villalobos López para que comparezca ante los auditores, como también resulta inaceptable que a más de dos años de ocurrido el millonario quebranto al Issste aún no se haya presentado la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que ésta realice su propia indagatoria.