El sistema judicial mexicano presenta diversas condiciones anómalas que lesionan los derechos de sus ciudadanos, entre ellos la participación del Ejército en tareas de seguridad pública; el recurso judicial del arraigo; la recurrencia de los feminicidios y la falta de una ley sobre adolescentes en problemas con la justicia, y aunque ha habido algunos avances en la materia, éstos siguen siendo insuficientes.

Así lo advirtió Daniel Urrutia, coordinador de la Red Iberoamericana de Jueces, organización surgida en 2003 en el contexto del Foro Social Mundial, y que este año realizó una visita por el país para investigar el estado del sistema de administración de justicia en cuanto a la protección de las garantías individuales.

Entre los temas que nos preocupan está el de la protección de los defensores de derechos humanos, porque se está produciendo una situación de hostigamiento en contra de ellos, y no sólo por parte de grupos criminales, sino también del mismo Estado, razón por la que muchos han decidido abandonar el país, explicó Urrutia en entrevista con La Jornada.

El magistrado chileno, quien junto con su colega de Brasil Joao Ricardo Costa, de Brasil, se entrevistó con diversas autoridades oficiales y colectivos de la sociedad civil, añadió que otro tema crítico es la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Esta es una anomalía que debe ser corregida a la brevedad, porque los militares no tienen experiencia en seguridad ciudadana ni procuración de justicia, y por lo tanto han generado una disminución de los estándares de los derechos de las personas que han sido detenidas por ellos. Las garantías de muchos ciudadanos ahora son tierra de nadie, lamentó.

Respecto a las cifras de personas asesinadas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado –entre 60 mil y 95 mil en todo el sexenio, según diversas fuentes oficiales–, Urrutia enfatizó que “nadie merece ser desaparecido, ejecutado o torturado, haya hecho lo que haya hecho. Debe haber un trabajo de búsqueda de la verdad en cada uno de estos casos, para que la justicia recupere su verdadero sentido”.

Además, el especialista indicó que la figura del arraigo sigue aplicándose en México a pesar de que viola una gran cantidad de disposiciones internacionales; no hay una ley federal de adolescentes en problemas con la justicia, y persiste el asesinato de mujeres por razones de género, debido a la falta de interés de las autoridades por prevenir y erradicar dicho fenómeno.

Hay cuestiones positivas en México, como el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restringir el fuero militar, y los poderes en México están haciendo un intento por resolver estos temas, pero deben redoblar sus esfuerzos, ya que el sistema judicial del país registra uno de los niveles más bajos de América Latina en cuanto a la confianza de sus ciudadanos.

Para revertir esta situación, enfatizó Urrutia, debe haber un cambio en el paradigma de seguridad, para que ésta sea con los ciudadanos y no contra ellos. México debe ser capaz de dejar la militarización de la seguridad pública, no sólo porque viola los derechos humanos, sino porque no es efectiva, produce desconfianza y sólo conduce a un aumento en los niveles de violencia.