Indígenas ikjoots (huaves) de San Dionisio del Mar, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y otras organizaciones sociales anunciaron que se movilizarán a las oficinas del Banco Interameramericano de Desarrollo (BID), en la ciudad de México, el próximo 12 de octubre en demanda de cancelación del crédito ME-L1107 por 750 millones de pesos de esa institución para el parque eólico que la empresa española Mareña Renovables pretende construir en la barra de Santa Teresa, en Oaxaca, lo que los condenaría a la hambruna y a la extinción.

Ese proyecto afectará a más de 170 mil personas de los municipios de Juchitán, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar y un total de 14 poblaciones, señaló la Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar, Oaxaca, en una carta enviada al presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

En el caso del municipio de San Mateo del Mar –destaca– la población será afectada totalmente, ya que su vida depende del mar, no tienen tierras de cultivo: por un lado está la barra de Santa Teresa y por el otro el océano Pacífico; su población depende de la pesca y lo que el mar les brinda.

En el documento se denuncia que aunque la manifestación de impacto ambiental del Mareña Renovables Wind Power Project indica que el predio es propiedad comunal del núcleo agrario denominado San Dionisio del Mar, del que son pobladores, y que éste ha cedido un polígono mediante contrato de usufructo, nunca se consultó a los dueños originarios de las tierras comunales.

Se subraya que es una falsedad que haya habido un proceso de consultas a los pueblos huaves y zapotecas, como se asevera en el numeral 73 del documento del préstamo del BID, el cual dice: “el proceso de consultas entre los grupos indígenas se ha llevado a cabo cumpliendo con las leyes mexicanas y los principios del Banco. No hay oposición al proyecto de los grupos indígenas. Acuerdos sobre tierras de usufructo se llevaron a cabo en el respeto de la propiedad de la tierra y los derechos, incluido el uso de los recursos naturales…”

Dicho proyecto daña la fuente de alimento principal del pueblo indígena huave y además provoca la destrucción masiva de la biodiversidad, de la flora y fauna del lugar; principalmente manglares, aves marinas, crustáceos y peces. Significa, asimismo, la profanación de nuestros centros ceremoniales ancestrales y religiosos ubicados en Tileme explica la asamblea.

Reclaman que con base en las políticas de salvaguardas de la institución, como la de Pueblos Indígenas, que indica que para el financiamiento del BID las operaciones deben cumplir con las normas de derecho aplicables y ser consistentes con las disposiciones de las demás políticas del Banco, así como con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el BID cancele el crédito a Mareña ME-L1107, e investigue y repare, por conducto de su mecanismo independiente de consulta e investigación (MICI), los daños que ya les han ocasionado a la fecha.