En una sede cercada y cerrada por manifestantes, el Senado dio entrada a la minuta sobre la reforma laboral, la cual fue turnada de inmediato a las comisiones del Trabajo y de Estudios Legislativos primera, con lo que comenzó a correr el plazo constitucional de 30 días para votarla en el pleno.

El Senado aprobó ayer varias sedes alternas, entre ellas la vieja casona de Xicoténcatl, todos los salones del nuevo edificio de Paseo de la Reforma e incluso cualquier local del Distrito Federal que ofrezca las medidas de seguridad requeridas para sesionar, todo ello en previsión de nuevos plantones –como el de ayer– o incluso la toma de tribuna.

Contra las versiones que hablan de línea en el tricolor para sacar de forma acelerada la reforma, como ocurrió en la Cámara de Diputados, ayer el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, se comprometió a que no habrá fast track, sino que se escuchará –dijo– a dirigentes sindicales de todas las corrientes, a empresarios y a todos los interesados.

Sin embargo, por la tarde, al instalarse la Comisión del Trabajo –que se declaró en sesión permanente–, el secretario de esa instancia, el panista Javier Lozano Alarcón, llamó a agilizar el trabajo ya que, sostuvo, tiene más de 15 años el debate en torno a la modificación de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

A ese criterio de quien es el autor de la mayor parte de los cambios en la iniciativa presidencial preferente, se sumaron los senadores priístas Armando Neyra e Isaías González, dirigentes de la CTM y la CROC, respectivamente.

González Cuevas dijo que para un diálogo nacional no alcanza el tiempo, y en entrevista posterior dejó en claro que no permitirán que se regrese a la minuta la propuesta original del presidente Felipe Calderón en torno a la democracia sindical.

Desde luego que no nos oponemos a la transparencia. Estamos de acuerdo en rendir cuentas a los trabajadores, establecer los mecanismos de cómo debe darse la información a los sindicalizados, pero no a través de interventores, porque éstos son ajenos a las organizaciones.

Al respecto, el PAN se ha planteado la posibilidad de votar con PRD y PT en este tema de la democracia sindical, pero hacerlo con el PRI en todos los demás artículos, según declaró el ex secretario del Trabajo, quien desde ayer se perfiló como el negociador de su bancada en la llamada ley Lozano.

Además, de conformarse la Comisión del Trabajo, donde el Partido Revolucionario Institucional tiene tres integrantes, dos el PAN, uno el PRD y una del Verde Ecologista, en lo que se refiere a la otra comisión dictaminadora, ayer la Junta de Coordinación Política cambió el turno.

El presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero (PAN), la turnó primero a la Comisión de Estudios Legislativos segunda, que preside el perredista Alejandro Encinas, y luego rectificó y la pasó a la Comisión de Estudios Legislativos primera, cuyo titular es el panista Raúl Gracia.

Durante la sesión, los senadores Iris Vianey Mendoza, del PRD, y el petista Marco Antonio Blázquez protestaron por el uso de la fuerza pública para reprimir a quienes se manifestaban en el exterior del recinto.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, deploró la rudeza empleada por las corporaciones policiacas para hacer a un lado a quienes mantenían el plantón e ingresar forzadamente a legisladores del PRI y el PAN a las instalaciones de Reforma e Insurgentes.

Acompañado por parte de su bancada, Barbosa recalcó que no aceptaron entrar en camionetas, que rompieron el cerco impuesto por los manifestantes. Éstos cerraron todos los accesos al edificio e incluso restaurantes y hoteles, por los que se habían colado varios legisladores.