e acuerdo con la versión del gobierno de Chiapas, en el municipio de Motozintla, simpatizantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano (MC), incendiaron edificios públicos, incluida la alcaldía, quemaron dos patrullas y pusieron en libertad a 80 reclusos de la cárcel municipal. Tal fue la reacción a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que invalidó el triunfo de Víctor Lavalle Cuevas, postulado por los partidos mencionados para la presidencia municipal en los comicios del pasado 1º de julio, y asignó el cargo al candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Óscar Galindo. Los disturbios dejaron un saldo de 31 detenidos. En otras seis localidades chiapanecas las inconformidades ante los resultados electorales oficiales o los fallos del TEPJF derivaron en incidentes similares, aunque a escala menor.
Ciertamente, la violencia y el vandalismo resultan inaceptables como expresiones de descontento político y electoral, pero sería improcedente quedarse en la condena de los actos referidos sin tomar en consideración que lo ocurrido con ocasión de los relevos de presidencias municipales de Chiapas es, además, un preocupante síntoma de inoperancia de los procesos electorales, hecho que no se limita a esa entidad del sureste, sino que se reproduce con diversos niveles de complejidad, en diferentes ámbitos estatales y también en el federal.
Ha de considerarse que las elecciones tienen como propósito solucionar las diferencias consustanciales al conglomerado de la población y permitir la instauración de autoridades reconocidas y aceptadas por el conjunto. Sin embargo, tales objetivos distan de haber sido alcanzados por la formalidad democrática en nuestro país, al grado de que las cúpulas institucionales se encaminan a una sucesión presidencial en la que, por segunda vez en seis años, el nuevo gobernante será desconocido por una parte sustancial del electorado que señala el desaseo del proceso comicial.
Como se sabe, y como demostró el sexenio de Felipe Calderón, para gobernar no basta con la unción de las instancias formales, la cual vendría a reflejar, en todo caso, el acatamiento social a los resultados oficiales de las votaciones. Se requiere, además, que la ciudadanía crea en la veracidad de tales resultados y asuma que éstos reflejan la composición real del mapa político en términos de mayorías y minorías.
Resulta erróneo asumir la existencia de una democracia funcional y efectiva cuando los candidatos triunfantes no logran el reconocimiento de todas las partes y cuando las facciones oficialmente derrotadas denuncian inequidad, opacidad y distorsión en los comicios, por más que tales denuncias no justifiquen, como se ha comentado, la realización de actos violentos.
En tal circunstancia, los hechos de Motozintla debieran ser tomados como señal de alarma sobre la inoperancia de las instituciones y procesos electorales del país. Si se desatiende y si la clase política no es capaz de introducir mecanismos de certeza, confiabilidad y verosimilitud en tales procesos, en elecciones próximas el incendio podría ir más allá de un palacio municipal.
