Un juzgado federal concedió un amparo a los 12 policías federales arraigados por el ataque a los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y a un efectivo de la Armada de México en la zona de Tres Marias el pasado 24 de agosto, para el efecto de que la Procuraduría General de la República (PGR) les dé acceso a la averiguación previa que se inició en su contra, revelaron fuentes ministeriales.

El juzgado segundo de distrito en materia de amparo ordenó a los fiscales federales abrir el expediente a los quejosos en un plazo no mayor a 48 horas, o de lo contrario el Ministerio Público Federal incurrirá en violación a una suspensión de amparo.

Desde agosto pasado, los 12 policías federales que supuestamente participaron en esos hechos están sujetos a un arraigo por 40 días, que en breve se extenderá otros 40 por petición de la PGR.

Aunque el amparo concedido es para que puedan tener acceso a la averiguación previa, los fiscales podrán reservarse párrafos de la misma que incluyan la investigación de otras personas ajenas a los policías, con base en lo que establecen las leyes penales mexicanas.

En tanto, el grupo de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que realizan una investigación paralela en territorio mexicano sobre los hechos de Tres Marías, siguen el rastro de las camionetas que participaron en la agresión del pasado 24 de agosto.

A decir de las fuentes consultadas, los agentes de la FBI han interrogado en tres ocasiones a los policías federales arraigados sobre la presunta participación de otras personas que iban en una camioneta XTrail color amarilla y una Voyager color verde y cuyo paradero se desconoce.

Por ahora, el testimonio base de la investigación de la PGR es el del capitán de la Armada de México que acompañaba a los dos agentes de la CIA agredidos, quienes se encuentran en Estados Unidos y a la fecha no han rendido su declaración ante autoridades de la procuraduría mexicana.

La PGR ha ofrecido a los 12 policías federales, al igual que el gobierno de Estados Unidos, que colaboren con las autoridades de ambos países en calidad de testigos protegidos, pero a decir de sus abogados, los agentes de la PF han rechazado tales ofertas.