La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá entregar la lista del personal que laboraba en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y que contrató entre 2009 y abril de 2012. Así lo instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al analizar la solicitud de un particular al respecto.

La información requerida por el ciudadano deberá incluir nombre, puesto, salario, grado máximo de estudios, horario, antigüedad, fecha de contratación, tipo de contrato y los motivos de la aceptación de cada trabajador.

En su respuesta inicial, la CFE manifestó que la información estaba reservada, con el argumento de que dar a conocer los datos de los 3 mil 13 ex trabajadores del extinto organismo pondría en riesgo la vida y seguridad de ese personal.

Agregó que como consecuencia del proceso de extinción de LFC, trabajadores de la CFE asignados a tareas específicas en el área de operación de la primera han recibido amenazas y agresiones que ponen en peligro la integridad física de ellos y de sus familias.

Reforzó su argumento al referirse a la resolución 3445/10 del Ifai, del 30 de junio de 2010, en la que el pleno del organismo confirmó la clasificación de reserva de los nombres de servidores públicos comisionados para hacer el trabajo que desempeñaban los trabajadores de LFC.

En una nota informativa, el Ifai detalló que frente a esa respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión impugnando la reserva, aludiendo que la extinción de LFC comenzó en 2009, y que la contratación de los 3 mil 13 ex trabajadores no significa el inicio de algún proceso jurídico, laboral, civil o penal que la justifiquen. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard.

En alegatos, la CFE reiteró la reserva de la información, argumentando que, en caso de otorgar su acceso, se podrían generar agresiones a los servidores públicos y daños materiales en la zona que atendía LFC, y proporcionó al Ifai una relación de cinco hechos, con sus respectivas denuncias, y el estado procesal que guardan.

Al hacer el análisis, Peschard revisó los puntos requeridos por el particular y concluyó que lo solicitado es información de carácter eminentemente público, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia.

Sobre los dichos de violencia contra el personal y las instalaciones de la CFE, la comisionada concluyó que la paraestatal no demostró la existencia de elementos objetivos y verificables que permitan suponer que la difusión de los nombres de los trabajadores que laboraban en LFC puede poner en riesgo su vida o seguridad.

Al verificar la resolución 3445/10, la ponencia aclaró que el plazo de reserva concedido fue de un año, a partir del 24 de febrero de 2010, por lo que culminó el 24 de febrero de 2011.

Los argumentos adoptados en aquella ocasión fueron atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ponían en riesgo la vida y seguridad de los ex trabajadores indemnizados de la extinta LFC. En ese entonces, las acciones de violencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se convirtieron en un problema que fue incrementándose en el país; por ello, se determinó procedente la reserva de los nombres de esas personas.

Pero al revisar el recurso 5443/11, la ponencia encontró que para la elección de 13 miembros de la directiva del SME, los miembros de esta organización elaboraron el padrón de afiliados con derecho a voto. En dicho proceso, los sindicalizados conocieron y pudieron identificar a sus ex compañeros que aceptaron la liquidación y que fueron excluidos de dicho padrón.

Esto muestra que el propio SME ya conoce quiénes de sus agremiados aceptaron voluntariamente la indemnización y, al no acreditarse en la actualidad algún hecho de violencia en contra de los trabajadores, el pleno del Ifai revocó la reserva de la información e instruyó a su entrega.