icen los optimistas que no hay que preocuparse de más, porque en materia de (contra) reforma laboral falta la decisión del Senado de la República, de tal suerte que, suponen, aún existen posibilidades de que los legisladores socialmente sensibles echen para atrás las modificaciones que recién aprobaron los inquilinos de San Lázaro. ¡Ánimo muchachos!, pero en realidad el tramo que falta sólo es parte del show, un mero formulismo. En el recinto senatorial se registrarán más gritos y sombrerazos, encendidos discursos de un lado y del otro, pero a los trabajadores nadie les regresará los dientes. Obvio es que la sensibilidad social no está en los planes del Legislativo ni del Ejecutivo, y quien tenga dudas que revise lo sucedido a lo largo de los últimos 30 años.

El México changarrizado será más competitivo –cantan los jilgueros– a costa del hambre de su gente. Lo primero está en duda; lo segundo está garantizado. Con los votos del corporativo PRIAN en San Lázaro (323 en total; 209 de los tricolores, 114 de los blanquiazules) la (contra) reforma laboral hubiera pasado sin problema alguno, pero para evitar cualquier duda las verdes rémoras se subieron al carro (28 por la afirmativa), mientras los elbistas se abstuvieron (10 familiares de la profesora se pronunciaron en tal sentido); el resto, de la izquierda progresista, se fue a su casa con mantas y camisetas. ¿El resultado sería distinto en el Senado? (si algún masoquista quiere conocer en qué sentido votó cada uno de los representantes populares, consultar diputados.gob.mx/Votaciones.htm).

Sin duda, una de las grandes ventajas que tiene la mancuerna Ejecutivo-Legislativo socialmente sensible (de hecho, la clase política en general, barones empresariales incluidos) es la inconmensurable pasividad y resistencia de la mexicanada. Por eso hace lo que hace, a sabiendas de que no habrá consecuencias. Treinta años a golpe de puñaladas, y no pasa nada. Es la paz del silencio. En el viejo continente la población apenas comienza a sentir lo que aquí, duro y tupido, ha sido práctica cotidiana a lo largo de tres décadas, y ya colmaron las calles. Como bien apunta La Jornada, hierve Europa, pero aquí la paisanada sólo está en espera del Chivas-América y del día de la madre Tonatzin. Así, nunca.

Y a la palestra brincó la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, para presumir que con la (contra) reforma laboral ahora sí, por aquello de las dudas, Felipe Calderón se confirma como el presidente del empleo (¡Zas!), y a su cuenta suma los 400 mil puestos de trabajo que supuestamente se generarían como producto de las modificaciones a la LFT, por mucho que éstas entrarían en vigor en el sexenio de Peña Nieto. Pero no sólo eso: “de gran importancia son también las medidas que promueven la formalización del empleo y el abatimiento del trabajo informal, que hoy existe, en buena medida, debido a que en la práctica, han surgido o evolucionado en años recientes, formas de trabajo que no están bien reguladas por la legislación actual, diseñada hace más de cuatro décadas, y que, en ocasiones, han sido utilizadas indebidamente, como la subcontratación o outsourcing”, dijo la señora.

Es de suponer que en esos 40 años alguna autoridad debió estar atenta para evitar, y en su caso sancionar, esas formas de trabajo (Vélez dixit), pero resulta que, lejos de actuar en tal sentido, holgadamente lo permitió e incluso lo alentó, en detrimento de los trabajadores. Muestra de ello es lo que en años recientes (Zedillo, Fox, Calderón) ha documentado el Inegi, el cual advierte que la dinámica de crecimiento en el personal subcontratado muestra que de 1998 a 2003 se tuvo un crecimiento porcentual de 40.1 por ciento, con una diferencia absoluta de 400 mil 295 personas, mientras de 2003 a 2008 fue de 95.2 por ciento, es decir un incremento absoluto, en esos cinco años, de un millón 332 mil 792 personas (subcontratadas). En 2003 el personal ocupado que no dependía de la razón social para la cual trabajaba representó 8.6 por ciento del total de personas ocupadas, y para 2008 el porcentaje se incrementó a 13.6, lo cual evidencia el crecimiento en esta forma de contratación de personal. En cambio, el personal ocupado que dependía legalmente de la razón social para la cual laboraba apenas aumentó 17.1 por ciento.

En términos relativos, abunda el Inegi, en 2008 los sectores económicos que –ante la ceguera de los legalmente responsables de evitarlo– subcontrataron en mayor proporción fueron minería (18.2 por ciento del total), pesca y acuicultura (18.1), manufacturas (14.3) y comercio (14.2). De 1998 a 2008, prácticamente en todos los sectores, con excepción de electricidad, gas y agua, se incrementó la participación de personal ocupado no dependiente de la razón social. Con 28.8 por ciento del personal subcontratado aparece Quintana Roo; en orden de importancia le siguen (¡sorpresa!) el Distrito Federal (20.6 por ciento), Nuevo León (18), Baja California Sur (17), Coahuila (14.8), Jalisco (14), Sinaloa (14.3) y Querétaro (14).

La historia siguió: de 2009 a 2012, poco más de 40 por ciento, y contando, del empleo formal en el país se concretó vía outsourcing, de acuerdo con información del Centro de Investigación en Economía y Negocios. Se trata de empleo que se registra como parte de la economía formal, pero las condiciones laborales son totalmente informales, lo que no sólo afecta al trabajador, sino a las finanzas públicas por el incumplimiento de las obligaciones patronales, como el pago del impuesto sobre la renta y las cuotas de IMSS e Infonavit. Y con todo, México no se ha convertido en un país más competitivo, pero sí más hambriento.

Entonces, ¿dónde estaba la autoridad laboral que no se dio cuenta de cómo se incrementaba velozmente la subcontratación, ni registró que los patrones descaradamente se pasaban por la entrepierna la legislación laboral? Pues estaba dedicada a beneficiar a los empresarios, a joder a los trabajadores y a empujar la moderna reforma laboral. Y por secretarios del Trabajo no pararon, pues Zedillo, Fox y Calderón en conjunto tuvieron ocho titulares de esa cartera (y ninguno se dedicó a lo que la ley lo obligaba): Santiago Oñate Laborde, Javier Bonilla, José Antonio González Fernández, Mariano Palacios Alcocer (1994-2000), Carlos Abascal Carranza, Francisco Salazar Sáenz (2000-2006), Javier Lozano Alarcón y Rosalinda Vélez (2006-2012).

Pero algunos creen que no hay que preocuparse de más.

Las rebanadas del pastel

Ya está: lo de Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, es un chiste de gallegos.

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