yer corrió el rumor de que un tribunal federal supuestamente libró orden de aprehensión en contra del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y del ex tesorero de la organización Héctor Félix Estrella, especie que fue rotundamente negada por el abogado de ambos, Marco del Toro, quien la calificó de acción desesperada la de quienes, con la misma acusación (disponer ilegalmente de 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores), ya fueron rechazados en dos ocasiones consecutivas por los mismos tribunales, los cuales confirmaron el uso transparente y legal de esos recursos.

Tal rumor forma parte del mismo intento fallido, dice el abogado Del Toro, quien en entrevista con La Jornada sintetiza así la situación real: ¿Existe orden de aprehensión? Falso. No existe, y tan no existe que se canceló a propósito de la sentencia de amparo. Segundo: ¿están intentando que se vuelva a librar? Cierto, pero ya van dos veces que el magistrado de amparo les dice que no vale y que siguen violando la sentencia de amparo. Ellos intentan presionar al magistrado de amparo para que califique de legal el cumplimiento que nosotros estamos cuestionando como de ilegal. Entonces, de ninguna manera hay orden de aprehensión.

Los promotores del rumor son Agustín Acosta, abogado de los mineros disidentes, y los representantes de éstos Elías Morales (conocido como El Sope, expulsado del sindicato nacional en el año 2000, por cargos probados de traición, corrupción y espionaje en favor de las empresas) y José Martín Morales Lozano. El Sope es el mismo personaje que en febrero de 2006 encabezó un grupo de 300 porros para asaltar las instalaciones del Sindicato Nacional de Mineros, que sirvió a los intereses de los barones de la minería y que, sin formar parte de la organización obrera, recibió la toma de nota de parte del secretario foxista del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, con el fin de dar golpe de mano a Napoleón Gómez Urrutia, lo que, dicho sea de paso, no logró.

La nueva intentona tiene fines de retrasar el regreso del líder minero a México, tras seis años de estancia en Canadá, producto del crimen industrial en Pasta de Conchos. Pero el abogado Del Toro desestima la tentativa, y reitera que lo importante es la rotunda falsedad en torno a la existencia de una orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia. Estamos en una etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo, y hay un magistrado de amparo que en dos ocasiones (a dichos personajes) les ha devuelto el asunto diciendo que están violando la sentencia. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy cómodos de pensar que en breve va a salir la resolución del magistrado diciendo que una vez más no cumplieron, y eso va a originar que se cancele en definitiva el último de los mandamientos de captura.

El abogado Acosta, sus representados y el Ministerio Público, explica Del Toro, presentaron un recurso de revisión que perdieron de forma terrible, y quedaron totalmente desacreditados, y entonces nuestro amparo prosperó y se le está obligando en este momento al magistrado que originalmente había librado la orden de aprehensión (en 2008) a que cumpla con la sentencia de amparo que es imposible echar atrás. La sentencia de amparo establece que el fideicomiso de los trabajadores se extinguió legalmente, tal y como se confirmó en los otros once juicios que nosotros hemos ganado; la sentencia de amparo establece que no falta dinero, que Elías Morales no era fideicomisario, y en fin que hay una serie de puntos que no veo cómo va a librarlos este hombre, y me parece que Acosta está tratando de usar el factor mediático para presionar al Poder Judicial en un intento desesperado, porque ya estamos en las últimas para acabar en definitiva este que es el último asunto en materia penal que queda.

Si en este momento, o en los siguientes días, apunta Marco del Toro, “el magistrado de amparo resuelve como nosotros hemos planteado, diciendo que se está violando una sentencia de amparo, eso implica el regreso de inmediato de Napoleón Gómez Urrutia. Y entonces lo que están tratando de hacer es evitar esa situación, pero lo grave es que lo están haciendo ya sin ningún sentido jurídico. Realmente no tienen manera de lograr su objetivo. Lo que (Acosta, El Sope y el Ministerio Público) están haciendo y promoviendo, todo esto, está muy cerca de violar una sentencia de amparo, que no sólo es gravísimo, sino delictivo”.