o podía faltar el show mediático en San Lázaro, cuyos inquilinos se dedicaron a glorificar la (contra) reforma laboral o a defenestrarla. Gritos y mentadas, de un lado y del otro; acusaciones de traidores de allá para acá, y viceversa; intercambio generalizado de gruesos calificativos; paciencia de Job y la consabida toma de tribuna, igual de escandalosa que de ineficiente, y todo para llegar al punto que el PRIAN hizo posible: la aprobación de la nueva norma empresarial para los trabajadores mexicanos, sempiternos pagadores de las atrocidades del régimen.

Resultado práctico del show: simple y sencillamente, se aprobó la (contra) reforma laboral. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue finalmente aprobado por 22 votos a favor (incluido el del diputado petista Adolfo Orive Bellinger) y ocho en contra, y por esa misma mayoría se canceló la posibilidad de transparentar las cuentas sindicales (por ser injerencista en la vida de esas organizaciones), pero se mostraron muy entusiasmados a la hora de legalizar el outosourcing, el pago por hora y otras nuevas modalidades de contratación (dando y dando, dicen los tricolores y los blanquiazules). De allí al pleno, donde, después de gritos y sombrerazos, el exitoso corporativo PRIAN lo puso a votación: 351 a favor, 130 en contra, 10 abstenciones. Y los que tomaron la tribuna simplemente se fueron a su casa. Así, los mexicanos deben sentirse orgullosos de sus representantes populares, porque ellos tuvieron la sensibilidad social de clavarles otro puñal en la espalda (la duda aquí es en qué parte del lomo, porque tras 30 de años consecutivos de reformas ya no existe espacio, cuando menos visible, en el cual hundir una cuchilla adicional).

Mientras los mexicanos se congratulan por la decisión de sus representantes populares, la Cepal abunda en los resultados latinoamericanos sobre reformas laborales similares, o de plano idénticas, a la ayer palomeada en San Lázaro. Para el caso chileno, por ejemplo, el organismo regional explica que la institucionalidad laboral de fines de los 70, y sus reformas de los años 80 (pinochetismo puro; cualquier similitud con el caso mexicano no es casualidad), aumentaron los costos sociales del ajuste económico. Esos mayores costos resultaron, principalmente, de la precarización de las relaciones individuales de trabajo y del debilitamiento de las relaciones colectivas de trabajo. La precarización facilitó la deslaboralización de las relaciones y aumentó la presencia del trabajo por cuenta propia. De otra parte, disminuyó la presencia de relaciones laborales clásicas y aumentó las de carácter atípico, tanto la vigencia de los contratos como en lo relacionado con el surgimiento de relaciones de dependencia difusas resultantes de la externalización, el outsourcing, las subcontrataciones, las intermediaciones triangulares y otras formas contemporáneas de contratación indirecta, como las de suministro de trabajadores.

Al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de trabajo a domicilio y a tiempo parcial. Del mismo modo, tendió a perder certeza la naturaleza y localización de los servicios contratados y crecieron los niveles de inestabilidad en el empleo. Mientras las normas sobre relaciones individuales de trabajo fueron desreguladas o flexibilizadas, las referidas a las relaciones colectivas de trabajo no fueron flexibilizadas con el propósito de adaptarlas y liberalizarlas, sino que fueron fundamentalmente objeto de desregulaciones o de regulaciones más rígidas. Tal es el caso, por ejemplo, de las referidas a las relaciones en niveles superiores al de la empresa, a las funciones asignadas a las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y confederaciones), a la existencia de centrales sindicales (disolución de la CUT), a las limitaciones del campo temático de la negociación colectiva y al protagonismo del arbitraje obligatorio rígido como medio de solución de los conflictos colectivos de trabajo.

Las reformas han sido profundas, pero lejos de mejorar la situación en el mercado laboral las empeoraron: creció la precarización del empleo, no aumentó la oferta de puestos de trabajo, ni la seguridad social o el pleno ejercicio de los derechos laborales. En cambio, catapultaron las contrataciones de plazo definido, por hora, obra o servicio determinado y muy especialmente las contrataciones triangulares mediante las variadas formas que adopta el suministro de trabajadores por empresas externas a la empresa en que ellos trabajan. Tal es el caso, por ejemplo, de la subcontratación, el outsourcing y las empresas de trabajo temporal.

No satisfechos, ante la insuficiente recuperación de los niveles de empleo, surgió la segunda generación de reformas laborales en el ámbito del Consenso de Washington, cuyo fin fue flexibilizar aún más el mercado de trabajo, “facilitando el ajuste del nivel de empleo mediante la disminución de los costos de contratación y de despido, la extensión de los periodos de prueba y principalmente, la introducción de contratos individuales de trabajo atípicos… Siguiendo el sistema de relaciones anglo-sajón se buscaba un ajuste rápido ante los shocks mediante reducciones de empleo y de los salarios, en la expectativa de que ello permitiría reactivar las economías y generar puestos de trabajo suficientes para reabsorber a los afectados”.

Un número importante de países latinoamericanos introdujeron reformas flexibilizadoras durante la primera mitad de los 90, entre ellos, Argentina, Colombia y Perú… Resultado: los contratos temporales y a plazo fijo aumentaron, y al mismo tiempo el número de trabajadores sin contrato y sin protección… Los costos laborales disminuyeron por la sustitución de contratos y la reducción de recargos sobre la nómina salarial. Por otro lado, “la experiencia de reformas laborales ha mostrado que al utilizarse de manera exagerada la flexibilización en el margen, resulta en inestabilidad y desprotección…. Con ello aumentó el costo social asociado al ajuste, el cual, mediante despidos, introduce una mayor incertidumbre derivada de la inestabilidad laboral efectiva o percibida”.

Eso fue en los años 90 del siglo pasado, y los países que aplicaron esa normatividad ya vienen de regreso. Pero México, en la segunda década del siglo XXI, apenas va.

Las rebanadas del pastel

Y en la tienda de enfrente, el Senado de la República, el reparto del botín va viento en popa. Muestra de ello es que al inenarrable ex secretario calderonista del desempleo, Javier Lozano, le dieron la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de tal suerte que los barones de la tele chocaron sus copas: negocio garantizado. Aberrante.

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