León, Gto., 27 de septiembre. El gobierno del estado, que ayer entró en funciones, y los 46 presidentes municipales que rendirán protesta el 10 de octubre recibirán en conjunto una deuda pública superior a 8 mil millones de pesos, que les restará margen de maniobra financiera, reconoció hoy el gobernador panista Miguel Márquez Márquez.

De esa deuda, detalló, 6 mil millones de pesos corresponden al gobierno del estado, mil millones de peos a 45 ayuntamientos y el resto a la presidencia municipal de León, que además arrastra un pasivo de 160 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un déficit de 37 millones de pesos por el fraude de la quebrada sociedad financiera de objeto múltiple Metrofinanciera.

La deuda pública no compromete las finanzas del estado; sin embargo, sí resta margen de maniobra para algunos proyectos, dijo Márquez.

Con Oliva el endeudamiento se incrementó más de 300%

La administración de Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006) dejó una deuda de casi mil 500 millones de pesos a la de Juan Manuel Oliva Ramírez y al sustituto de éste, Héctor López Santillana (2006-2012), y éstos la incrementaron a más de 6 mil millones de pesos.

El mandatario se comprometió a que en el primer año de gobierno no endeudará más al pueblo de Guanajuato, y confió en que con creatividad y talento hará más con menos.

Estamos hablando de más de 6 mil millones de pesos. Afortunadamente, segun las calificadoras Guanajuato tiene categoría doble A. Esto es importante; es una deuda bien controlada, vigilada, que permite que sea pagadera a mediano y largo plazo, dijo.

Márquez adelantó que habrá ajustes en la burocracia estatal y elaborará un plan de austeridad que permita al estado lograr ahorros importantes que se invertirán en un plan de rescate social, en seguridad y en la ampliación de los servicios básicos.

Extraoficialmente se informó que el gobierno del estado erogará 190 millones de pesos para liquidar a 700 empleados de confianza hasta con tres meses de sueldo y 12 días de salario por año laborado.

La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos no otorga derechos laborales a los trabajadores de confianza. Miguel Márquez consideró necesario reformarla, pues si demandan liquidación siempre ganan los juicios.

Por último, consideró que los nuevos ayuntamientos no tendrán problemas financieros, pues al final de cada administración hay adelanto de participaciones para los dos últimos meses del año.