La iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso lesiona gravemente las conquistas obreras establecidas en el artículo 123 constitucional, advirtieron especialistas en foros sobre el tema organizados ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la mesa redonda coordinada por el Frente Universitario de Crítica y Acción, celebrada en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, José Dávalos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que la iniciativa preferente de Calderón en realidad fue escrita por grupos empresariales, que la impusieron sin haber realizado antes un verdadero proceso de diálogo y análisis con los trabajadores.

El también ex director de la Facultad de Derecho aseguró que al incorporar los convenios temporales e instaurar los contratos a prueba y los de capacitación inicial, así como al retirar cualquier prestación a los contratos por hora y legalizar el outsourcing, se ataca de múltiples formas la estabilidad laboral, modificando, con una precipitación irresponsable, un aspecto central de la vida económica del país.

En el auditorio Carlos Graef, de la Facultad de Ciencias, el movimiento estudiantil #YoSoy132 organizó otro foro sobre el mismo tema. Ahí, el economista Salvador Ferrer señaló que la supuesta rigidez que frena la creación de empleos y el crecimiento económico, según el gobierno federal, son en realidad las leyes que protegen a los trabajadores.

Sostuvo que esas propuestas son exactamente iguales a las que ha impuesto el Banco Mundial en países como Grecia, España y Portugal, donde los empresarios han aumentado sus ganancias a costa del desempleo, la desigualdad y la precarización del mercado laboral.

Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, aseveró que el empleo sí necesita ser restructurado en México, pero no de esta forma, ya que en un escenario donde la oferta de mano de obra ya está suficientemente flexibilizada –con 70 por ciento de rotación anual en los puestos de trabajo–, la iniciativa calderonista podría causar aun más cargas excesivas de trabajo y abatimiento salarial.

Aunque la propuesta del Ejecutivo se vende como un beneficio para los jóvenes, por el tema de los contratos de prueba y por hora, es justamente ese sector el que se verá más perjudicado, pues cada vez será más difícil que pueda lograr estabilidad laboral, un salario digno y prestaciones básicas, como derecho a antigüedad y vacaciones.

Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, advirtió que si la propuesta de Felipe Calderón es aprobada, el principal criterio de las relaciones laborales será la productividad, definida únicamente desde el punto de vista y las necesidades del sector patronal, lo cual puede facilitar mayor explotación laboral, sin obtener a cambio ninguna prestación o beneficio.

De esta forma, los trabajadores quedarían sujetos a contratos temporales o con jornadas discontinuas, en los que el derecho a recibir indemnizaciones por despido quedaría prácticamente anulado o a voluntad de los empleadores.

Alejandro Corona, economista y sindicalista, explicó que al generar salarios más precarios para los trabajadores –y por tanto, menor consumo–, la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo federal provocará contracción económica y recesión a largo plazo.

Manifestó que en España, donde ya se aplicó una iniciativa similar, los bancos trataron de estimular el mercado de manera artificial, facilitando el acceso a tarjetas de crédito, lo cual sólo empeoró la crisis, pues el salario y el empleo no se han recuperado y no pueden sustentar un nivel de consumo basado en un poder ficticio.