El PAN se embarcó en otra reforma estatutaria; sin embargo, incumplió la anterior. Violentó derechos de militantes al abusar de las designaciones de candidatos, conocidas también como dedazos y cometió graves deficiencias.

Panistas agrupados en la asociación Lo Mejor para México, encabezada por el operador electoral Jorge Manzanera, concluyen lo anterior en el documento Análisis de implementación de la reforma de estatutos PAN-2008. Comisión Nacional de Elecciones.

Dicha comisión fue creada para ser una autoridad imparcial que garantizara la unidad y triunfos electorales; sin embargo, como su actuación en la selección de candidatos atendió a diversos criterios y no a las cuestiones legales, derivó en un gran número de impugnaciones, afirma.

Este órgano, encabezado actualmente por José Espina, incumplió con lo que prevén los estatutos para llevar a cabo procesos internos democráticos, al abusar de los casos de excepción (designaciones), lo que provocó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara que violó los estatutos del partido.

Detalla que propuso designar candidatos a senadores, diputados de representación proporcional y de mayoría (24 fórmulas de senadores y 140 distritos federales) en 24 estados.

Otra falla consistió en que la comisión no tomó previsiones para que se respetara la equidad de género en la emisión de las convocatorias.

Con ello hizo a un lado la resolución del TEPJF de 2011 y terminó aplicando criterios discrecionales para cumplir con ese mandato.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra que ocultó información a la militancia para evitar impugnaciones y no respetó los plazos previstos para la aprobación de registros e inicio de precampañas.

Además, propició que los integrantes de las comisiones electorales de algunos estados renunciaran o que éstas no se integraran dejando en indefensión a estas entidades, lo que utilizó como argumento para poder hacer designaciones.

Por ejemplo, integrantes de dicha comisión en Baja California renunciaron antes de comenzar el proceso interno de 2012 para que se procediera a la designación de candidatos a diputados federales y senadores, mientras en Tamaulipas no se instaló ese órgano.

Critica que la comisión cuenta con un presupuesto de 20 millones de pesos que son empleados para el funcionamiento de la oficina central (sueldos, principalmente) y no para el desarrollo de los procesos internos en los estados que absorben esos costos.

Tampoco existe un mecanismo sistemático para que los militantes conozcan sobre las resoluciones y criterios adoptados por la comisión.

Creada para dirimir controversias, la comisión se retrasó en recibir los medios de impugnación e incluso de enviarlos al TEPJF.

La simulación de actos y procedimientos para engañar a las autoridades jurisdiccionales fue una práctica constante, explica.

Por esta y otras anomalías la comisión panista fue amonestada por los tribunales, y al reincidir en sus conductas contrarias a la ley fue sancionada hasta con multa por los mismos tribunales.