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Se confirma que su arraigo fue ilegal, asegura el Centro Pro

Conceden amparo a involucrado en la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 25 de septiembre de 2012, p. 8

Ciudad Juárez, Chih., 24 de septiembre. A un año siete meses de que Israel Arzate Meléndez fue arraigado por su presunta participación en la masacre de 15 personas de la colonia Villas de Salvárcar perpetrada por un comando armado, un tribunal colegiado de circuito le concedió un amparo para que sea trasladado a su domicilio particular bajo vigilancia mientras concluye el juicio.

El abogado Quetzalcóatl Fontanot, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la resolución dictada por los tres magistrados confirma que su arraigo fue ilegal. Es el principio para demostrar que el caso de Israel está basado en la ilegalidad desde su detención por militares que lo inculparon de participar en la masacre, y de sacarlo del Centro de Readaptación Social (Cereso) cuando estaba detenido para torturarlo por segunda vez.

Guadalupe Meléndez, madre de Israel, dijo que su hijo fue arraigado el 6 de febrero de 2011 por resolución de la juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz, a pesar que en cuanto fue presentado ante el juzgado denunció que había sido torturado y mostró las huellas de golpes y descargas eléctricas en su cuerpo.

El amparo inicial para salir del arraigo fue dictado por el juez de distrito Carlos Carmona Gracia el 12 de abril de 2012; no obstante, fue impugnado por la Fiscalía General del estado. Finalmente se ratificó el 13 de septiembre y se notificó ayer por la tarde a la juez del caso, la cual ordenó que lo trasladaran a su casa bajo vigilancia, mientras se define su situación jurídica.

Arzate Meléndez es el único detenido que falta por ser enjuiciado por la masacre del 30 de enero de 2010, donde murieron 15 personas, y la fiscalía sustenta la acusación en la confesión que hizo ante militares y en que una mujer lesionada, que estaba tirada boca abajo en la casa del atentado, dijo que tal vez participó en el crimen porque su voz se parecía a la de uno de los homicidas.

Los otros cuatro implicados, Aldo Favio Hernández Lozano, José Heriberto Martínez, Juan Alfredo Soto Arias y José Dolores Arroyo Chavarría, fueron sentenciados a 240 años de prisión. Para demostrar que fue torturado por militares para autoinculparse por el multihomicidio, le fue aplicado por peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Protocolo de Estambul, que dio positivo.

El 3 de febrero de 2010 un grupo de militares lo detuvo fuera de un negocio y le preguntó si se llamaba Carlos Madrigal; a pesar de que contestó que no, fue subido a un vehículo y vendado de los ojos. Luego fue sometido a golpes, descargas eléctricas y con bolsas de plástico le provocaron asfixia. El 4 de febrero fue puesto a disposición del Ministerio Público; sin embargo, no fue entregado a autoridades ministeriales, ya que siguió en instalaciones militares.

El 9 de febrero de 2010 le dijeron de manera verbal que un médico lo atendería de las lesiones, pero fue entregado a militares que lo volvieron a torturar. El plazo máximo de arraigo que permiten las leyes son seis meses, y el caso de Israel lleva 17 meses, aparte de que estuvo detenido en el Cereso.