or debajo de los tecnicismos y los discursos, en el fondo del debate en torno a la reforma de la legislación laboral que se prepara en el Legislativo hay dos posturas en pugna. Una está inspirada en el propósito de hacer más fácil la explotación de los trabajadores por las empresas, mediante el aprovechamiento del enorme desempleo y la pobreza mayoritaria que se abaten en el país. Para esa postura, que apela a la necesidad de incrementar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de la economía nacional, los derechos y las conquistas laborales representan estorbos que deben ser desechados, a fin de permitir que el mercado regule por sí mismo las relaciones entre empleadores y trabajadores en evidente provecho de los primeros. En un entorno en que la oferta de mano de obra supera con mucho a la demanda, los salarios, de por sí castigados y contenidos por las directivas económicas oficiales y transnacionales, sufrirían una nueva contracción por efecto de la competencia entre aspirantes a un puesto.

Es significativo en este aspecto el dato publicado ayer en estas páginas acerca del desplazamiento de las mercancías chinas por las mexicanas en el mercado estadunidense, logrado mediante la reducción de los salarios en nuestro país. Podrá argumentarse, en efecto, un incremento de la competitividad internacional de los productos mexicanos, pero no debiera omitirse que tal fenómeno se traduce en México en una reducción de los niveles de vida y bienestar de los asalariados nacionales.

En esta lógica, en la medida en que se logre la supresión de derechos y garantías para los trabajadores será posible transformar una porción de la miseria causada por el desempleo en miseria contratada; la patronal logrará, así, aumentar sus utilidades, y la autoridad podrá presumir de una reducción significativa del desempleo. Pero, más allá de esos cuestionables logros, el país habrá dado un paso adicional a la crisis social, la desesperanza y la degradación.

Con esta perspectiva en mente, es pertinente pugnar por la postura contraria, es decir, una reforma de las leyes laborales que aliente una redignificación del trabajo, libere a los asalariados de los cacicazgos clientelares y corruptos del sindicalismo charro, preserve derechos y conquistas plasmados en el artículo 123 constitucional y, especialmente, que garantice niveles salariales acordes con el mandato contenido en su fracción VI: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Durante un cuarto de siglo, el régimen ha venido instaurando disposiciones legales y administrativas favorables a los patrones y perjudiciales para los trabajadores. Es tiempo de abandonar esa lógica, que ha causado gran devastación humana, y buscar fórmulas que restablezcan un mínimo grado de equilibrio social, habida cuenta de que la productividad y la competitividad sólo pueden sostenerse, a mediano y largo plazos, con una fuerza laboral capacitada y satisfecha en sus necesidades básicas.