El PRD en el Senado insistirá en que se deseche iniciativa de ley de víctimas de Calderón, ya que es de mucho menor alcance que la legislación en la materia, aprobada por el Congreso el pasado abril, que está a consideración en la Suprema Corte de Justicia.

La senadora perredista Iris Vianey Mendoza recalcó que la Ley General de Víctimas, vetada por Calderón, contiene la esencia de la justicia restaurativa, demandada a lo largo de varias décadas por las organizaciones de derechos humanos y los familiares de quienes han sufrido el embate del crimen organizado.

En cambio, recalcó, la iniciativa del Ejecutivo, no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.

La legisladora presentó en la sesión del jueves en el Senado, una propuesta a fin de exhortar a Calderón a que se desista de la controversia constitucional que promovió contra la Ley General de Víctimas y, por tanto, proceda a publicar ese ordenamiento aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión.

Paralelamente, el coordinador perredista, Luis Miguel Barbosa, solicitó audiencia con el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, a fin de tratar ese tema y otro perredista, Benjamín Robles Montoya, se pronunció por rechazar la iniciativa de Calderón.

A su juicio, el Senado debe defender la Ley General de Víctimas que se aprobó en abril e insistir también ante la Suprema Corte para que pronto se pronuncie al respecto.

Mendoza recalcó que al término de su sexenio, Calderón sigue obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño generado a la sociedad por su estrategia fallida de combate al crimen.

Detalló que la reforma aprobada por el Congreso incorpora los principios y las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral.

Distribución de responsabilidades

Esa ley, ahora controvertida en la Corte, crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con una distribución de responsabilidades de acuerdo con sus respectivas competencias para todos los órdenes de gobierno.

En contraparte, la iniciativa Felipe Calderón es un engaño más del Ejecutivo en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley asistencialista.

A su juicio, la actuación del Ejecutivo en ese tema, es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, irrespetuosa con el Congreso y el Poder Judicial y violatoria de las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos.