La red de corrupción descubierta en el Poder Judicial de Nuevo León, presidida por la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, pasa por la empresa Proa Sistemas SA de CV, que funciona como tapadera para el desvío millonario de recursos.

La empresa, que ha obtenido del Poder Judicial más de 13 millones de pesos, fue fundada por Omar Ahello Ávila Castro en 2004, con domicilio en la calle De los Naranjos número 203, en Residencial Cipreses, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, una zona habitacional de clase media, donde, según los vecinos, jamás existió giro comercial alguno ni rótulo que lo identificase como tal.

Con base en copias del acta constitutiva de la empresa, la escritura y facturas y documentos internos de la institución de justicia en poder de La Jornada, Proa Sistemas obtuvo fuertes sumas de dinero por concepto de mantenimiento de lenguaje de desarrollo Magic, en pagos que van de medio millón hasta los 800 mil pesos.

De 2007 a 2009, bajo la presidencia del magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, la empresa con número de proveedor 273 ingresó más de 7 millones de pesos y recientemente, con los magistrados Jorge Luis Mancillas Ramírez y Graciela Buchanan, obtuvo más de 6 millones de pesos por venta de “software Magic”, cursos, talleres y asesorías.

Con el número de aprobación 349878 y la orden de compra 16376, la empresa cobró 695 mil 48 pesos por concepto de mantenimiento Magic 2011. También obtuvo pagos por pólizas de mantenimiento de las licencias Magic por 744 mil 812 pesos con la factura número 1218, y 497 mil 378 pesos con la factura número 0658. Por concepto de mantenimiento Magic también se le pagaron 695 mil 48 pesos en marzo del 2011 con la factura A45.

Un método simple

El método de la empresa tapadera –cuya escritura número 11,164 fue otorgada por Sergio Elías Gutierrez Salazar, notario público número 104 de Monterrey, con un capital social de 50 mil pesos a nombre de Omar Anhelo Ávila Castro y su esposa Gloria Edith Rangel Sauceda– es simple: cada mes logran ingresos por concepto de consultoría por montos que van de 92 mil 800 pesos con la factura 1385, de fecha 1º de diciembre de 2010, hasta 185 mil 600 pesos con la factura 1,390, del 8 de diciembre del mismo año, o 146 mil 626 pesos con la factura 00986.

Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, artículo 82, fracción II, la dirección de administración del Poder Judicial o la oficialía mayor debieron realizar visitas a las instalaciones de Proa Sistemas para verificar y realizar pruebas de los supuestos servicios otorgados.

El rastro del dinero

En la red de corrupción descubierta en el Poder Judicial todas las empresas fantasmas y tapaderas han recibido pagos autorizados por Reyvel Medina Reyes, director de administración y tesorería del Poder Judicial, anteriormente jefe de adquisiciones, y su compañero Jesús Martín González Rodríguez, director de informática, ambos ingenieros en sistemas al igual que el matrimonio Ávila Rangel, dueño de Proa Sistemas.

La magistrada Buchanan Ortega ha defendido a Medina Reyes en otros casos de corrupción: No tengo la facultad para sancionar a Reyvel Medina. ¿De qué lo voy a sancionar?, dijo recientemente. Igualmente defendió a su antecesor, el magistrado Mancillas Ramírez, cuestionado por construirse una casa de más de un millón de dólares, unos meses después de dejar su cargo: Yo no sé si se ha sacado la lotería, argumentó.

En el caso de la empresa Proa Sistemas, su propietario Omar Ahello Ávila Castro, con el registro federal de contribuyentes número AICO731129AM9, no supo explicar dónde ha invertido los más de 13 millones de pesos que ha recibido por conducto de su empresa, ya que ni su casa, ubicada en el domicilio que ofreció como empresarial, ni el pequeño automóvil que posee, denotan la inversión de esas cantidades, dijo que el dinero lo enviaba a otro país: Los millones los enviamos al proveedor de Magic a otro país, señaló en entrevista, sin mostrar registro de dichas transferencias y sin poder explicar coherentemente los altos montos de pólizas, asesorías y mantenimiento del software de computación.

Finalmente, declaró que ahora Proa Sistemas está ubicada en la carretera a Miguel Alemán número 804, en San Nicolás de los Garza, en la nueva plaza comercial Las Fuentes local cinco, pero al llegar ahí, el lugar tenía una lona con el nombre: Reguladores y Ups.com. Es la nueva denominación y tenemos un nuevo socio: Óscar Alejandro Martínez Cano, un socio que, según el Registro Público de la Propiedad, con la escritura número 15826 otorgada por el notario Sergio Elías Gutiérrez Salazar, está inscrito desde marzo de 2007 con un capital social de 15 mil pesos en Proa Sistemas y no en Reguladores y Ups.com.

Proa Sistemas ha recibido los pagos de contado en las cuentas de Bancomer, sucursal 3791, números 0147348045 en moneda nacional y 151257072 en dólares. Nuestros precios son internacionales. Nosotros no nos prestamos a esos juegos de empresas tapaderas, dijo la esposa de Ávila y socia de Proa Sistemas, Gloria Édith Rangel Sauceda, con registro federal de contribuyentes número RASG731206RWO.

La magia del Magic

Los costos de comercialización de productos y servicios de Proa Sistemas al Poder Judicial están inflados, según el experto en sistemas Juan Rodríguez, distribuidor de equipo de cómputo y software: “Es una locura de precios. En mi vida había visto esas cantidades. Hablar de 800 mil pesos por una póliza de mantenimiento de un producto funcional que ya está instalado es una locura. Esos precios denotan que el moche está bueno y la mayor parte se la lleva el jefe. Los montos varían de 20 y 70 para el propietario de la empresa y jefe del gobierno o 15 y 85. Eso varía según el arreglo. Todo funciona así”.

Explica que en el caso de sistemas computacionales, es muy fácil desviar recursos que van dirigidos a los bolsillos de los grandes jefes: “Es el tipo de servicios que no se ven, son intangibles, por tanto, esas empresas son excelentes para la corrupción. Sacan mucho dinero. A Proa Sistemas ninguna empresa o dependencia le va a comprar sus servicios a esos precios, excepto el Poder Judicial. Está claro que el Magic es magia para soltar billetes”.

En el robo millonario de recursos públicos la impunidad es la constante, dice Lorenia Canavati, de Evolución Mexicana, organización no gubernamental que ha desvelado grandes casos de corrupción del gobierno priísta de Rodrigo Medina: En este caso es peor y absurdo, porque Graciela Buchanan es juez y parte: preside el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Entonces ¿quién la audita o la cuestiona? Y el problema es que se lava las manos diciendo que la Controlaría sólo puede actuar con una denuncia. Pero ella sabe lo que está sucediendo, lo que pasa es que todos se tapan y se lavan las manos, no quieren llegar al fondo porque todos están inmiscuidos. Con sus declaraciones, es evidente que Buchanan es parte del mugrero.

Y pregunta: ¿Hasta dónde hemos llegado?, que la magistrada exhibe su cinismo al no haber investigado la casa de millones de dólares del ex presidente Mancillas Ramírez. Exigimos que Buchanan aclare lo que está pasando. Estos casos de corrupción hablan muy mal de ella y del Poder Judicial.

Buchanan mientras tanto busca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la autonomía presupuestal del Tribunal Superior de Justicia. En 2012 el Poder Judicial recibió mil 171 millones de pesos y el Congreso local rechazó la solicitud de autonomía de la magistrada, que ahora será evaluada nuevamente.