Domingo 23 de septiembre de 2012, p. 3
A continuación, fragmentos de un artículo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:
La lección que dio la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a las autoridades del estado (de Guerrero) el 28 de agosto, cuando detuvieron al juez mixto de primera instancia Filomeno Vázquez Espinoza, a su secretario de acuerdos, José Luis Bernabé Fernández, así como al titular del Ministerio Público Omar Sandoval León y al agente auxiliar Napoleón Hernández Garibo, es la reivindicación más contundente y clara del derecho sagrado que poseen los pueblos y que se encuentra consagrado en el derecho internacional, así como en la Constitución federal y la estatal. La detención injusta de Máximo Tranquilino Santiago, autoridad de la casa de justicia con sede en San Luis Acatlán, perteneciente a la CRAC, vino a ser parte del rosario de agravios y abusos que han sufrido los coordinadores y coordinadoras de la policía comunitaria por cumplir con el mandato de su pueblo de procurar y administrar justicia.
Todos y todas sabemos el talante de la CRAC, su prestigio nacional e internacional, su legitimidad frente a los pueblos indígenas y mestizos, su calidad jurídica y ética, su compromiso probado con las víctimas y su entrega incondicional a la causa por la justicia y la seguridad de los más pobres. En la región de la Costa-Montaña han demostrado con resultados tangibles, ya que es la zona más segura del estado, y lo han logrado con base en sacrificios, en medio de muchas precariedades, realizando en todo momento un servicio gratuito a la comunidad, sacrificando su tiempo, padeciendo hambre, enfermedades y órdenes de aprehensión...
El juicio popular que aplicó la CRAC a los funcionarios del estado, y que los colocó en el banquillo de los acusados de cara a la asamblea, fue un acto propiciado por las mismas autoridades del estado, que de forma deliberada se han obstinado en ignorar las leyes que reconocen a este sistema de justicia. Además han incumplido sistemáticamente los compromisos contraídos con el Ejecutivo estatal...
Desde el poder sagrado del pueblo, la CRAC dio una enseñanza magistral a los cuatro funcionarios y a las autoridades en general sobre cómo deben actuar y comportarse con la población indígena a la hora de procurar y administrar justicia, porque el respeto a sus derechos es justicia.