La modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros permitiría recaudar por concepto de impuesto predial hasta seis veces más de lo que se obtiene actualmente, así como garantizar certeza jurídica para las inversiones, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

El director del Inegi, Eduardo Sojo, entrevistado luego de participar en el acto denominado México garantiza una mayor certeza jurídica a las familias mexicanas, dijo que el país tiene la capacidad de recibir poco más de 250 mil millones de pesos, equivalentes a 1.8 por ciento del producto interno bruto –cifra promedio en los países de la OCDE–, si se logra esa actualización. Hoy, México recauda alrededor de 0.3 por ciento del PIB, es decir, unos 45 mil millones de pesos.

El funcionario subrayó que la modernización de los registros de propiedad privada y del catastro fortalece las finanzas estatales, da certeza jurídica a las familias y permite una mejor gestión del territorio, y que contar con un sistema de información homogéneo y puntual sobre dichos registros requiere de voluntad política, presupuesto y gobiernos dispuestos a actualizar y vincular sus bases de datos.

Actualmente sólo Morelos, Campeche y Colima han realizado esfuerzos por modernizar sus sistemas, si bien el Programa para la Modernización de los Registros Públicos y Catastros, de la Sedeso, ha invertido 4 mil millones de pesos en unificar información estatal y municipal sobre los predios existentes en todo el país.

Al presentar el estudio de la OCDE Mejores prácticas registrales y catastrales en México, Yves Leterme, secretario general adjunto de ese organismo, señaló que la protección de los derechos de propiedad es un principio necesario para inversionistas y empresarios, y llamó a los gobiernos federal, estatales y municipales a continuar con la modernización de tales registros, aun con el cambio de gobierno, y a acelerar dicho proceso.

México camina en sentido correcto, pero los esfuerzos no deben debilitarse. No hay excusas, señaló.

De acuerdo con el análisis, son 13 las entidades con mejores prácticas en la materia: Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Puebla, Sonora y Distrito Federal.

Sara Toppelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Sedeso, coincidió al señalar que los derechos de propiedad son un instrumento efectivo de desarrollo económico y social.

Agregó que la modernización de los registros de propiedad y su vinculación con los catastros también permite detectar zonas de riesgo para asentamientos humanos e implementar medidas preventivas.