El sistema político mexicano está basado en un modelo de democracia elitista, donde los grupos de poder económico utilizan todos los medios a su alcance para permanecer siempre en el gobierno, y en el cual el fraude –entendido en su acepción más amplia, como manipulación de la voluntad popular– es ya un elemento estructural.

Así lo indicaron los autores del informe del Observatorio Electoral de la Fundación Estado y Sociedad, en el cual se detallan no sólo las principales irregularidades de las elecciones del pasado 1° de julio, sino también los vicios históricos que las hicieron posibles.

Marta Singer, coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los 13 expertos que realizaron el documento hicieron un análisis detallado de los obstáculos autoritarios que han enturbiado los procesos electorales en las recientes décadas.

En el país, explicó, se vive una democracia elitista en la cual los sectores de poder económico y político hacen prevalecer sus intereses con la ayuda de las instituciones formales, dejando a los partidos como formaciones que ya no representan la voluntad del pueblo.

Uno de los elementos cruciales de dicho esquema son el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya imparcialidad y sentido de la justicia ha sido fuertemente cuestionado, ya que navegan entre dos aguas: las de las exigencias de las elites, y las de la sociedad.

Por todo ello, los académicos del Observatorio Electoral formularon un total de 32 recomendaciones para acotar la fuerza de las elites en el poder y generar una mayor integración ciudadana, entre ellas modificar la ley de instituciones de crédito para alertar sobre el uso indebido de recursos.

Asimismo propusieron obligar al TEPJF a recabar pruebas sobre impugnaciones; dotar al IFE de instrumentos para impedir y castigar la compra y coacción del voto; incorporar el rebase de topes de campaña como causal de nulidad; resolver denuncias de financiamiento ilícito antes de calificar los comicios, y tipificar como delito grave la intervención ilegal en las votaciones.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Políticas, Fernando Castañeda, apuntó que el informe contribuye al debate sobre si la democracia puede controlar los intereses de las elites o no, a lo cual el politólogo italiano Norberto Bobbio contestó en su momento de forma negativa.

Juan Antonio Flores, presidente de la Fundación Estado y Sociedad, coincidió en que las condiciones de fraude estructural permiten que los grupos de poder se mantengan en el gobierno durante tanto tiempo, por lo cual llamó a emprender una reforma integral del sistema político mexicano.