on el fin del plazo para la recepción de observaciones sobre la propuesta de reforma laboral enviada por Felipe Calderón al Congreso a principios de mes, en calidad de iniciativa preferente, concluyó ayer la primera etapa de discusión en torno a esa enmienda legislativa. Se espera que en los próximos días la comisión legislativa correspondiente dé a conocer el dictamen que habrá de ser discutido y, en su caso, votado en el pleno de la Cámara de Diputados la semana entrante.

Significativamente, la conclusión de dicha fase coincidió con la realización de una multitudinaria marcha en el centro de esta capital, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores en contra de la iniciativa calderonista, en la que participaron además contingentes de estudiantes y movimientos sociales. Similares expresiones de oposición a ese documento han sido formuladas por abogados laboralistas, gremios independientes e incluso algunos liderazgos sindicales corporativos, académicos y organismos internacionales, por considerar que la citada reforma es incompleta, en el mejor de los casos, o bien lesiva para los derechos y conquistas históricas de los trabajadores y contraria a postulados constitucionales tan elementales como el derecho al trabajo digno y a la libre asociación.

El proceso de discusión legislativa que se desarrolla en San Lázaro adquiere particular relevancia si se toma en cuenta la orientación que podría tener un paquete de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo derivado de negociaciones y componendas entre los partidos Acción Nacional –tradicionalmente cercano a los intereses patronales– y Revolucionario Institucional, el cual aglutina a los liderazgos sindicales jurásicos y antidemocráticos que fueron sostén del viejo sistema autoritario y corporativo creado por el tricolor y del cual se han servido también las presidencias del blanquiazul.

Dicha combinación de intereses podría perfilar una reforma en la que se preserven los postulados de la agenda empresarial contenidos en la propuesta calderonista –contratación temporal descontrolada, abaratamiento del despido, legalización del outsourcing y limitación del pago de salarios caídos en los conflictos obrero-patronales y del derecho de huelga, entre otros– y se mantengan intactos los mecanismos que sustentan el control verticalista, opaco y mafioso del charrismo sindical.

Si los componentes de la propuesta calderonista en materia de transparencia y autonomía sindical resultaban de suyo inverosímiles a la luz de la política laboral del actual gobierno –caracterizada por el refrendo de las alianzas con las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro, y por la persecución a los gremios independientes–, con la concreción de un dictamen semejante PAN y PRI se ratificarían, ante la opinión pública, como gestores de un proyecto contrario a los trabajadores y al mandato constitucional en la materia, y en el que estarían integrados los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y del autoritarismo político.

Por lo pronto, esos elementos han despertado el repudio de un sector amplio del mundo sindical y de la ciudadanía en general, y lucen sobradas y de peso las razones para ese rechazo.