En materia de transparencia legislativa México es mediocre, señaló Melissa Ortiz Massó, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, quien detalló que las mayores faltas de transparencia están en el trabajo de las comisiones legislativas, en el cabildeo y en los conflictos de intereses que puedan tener algunos legisladores en ciertos asuntos.

En entrevista realizada al concluir la presentación de la primera edición de los resultados para México del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, Ortiz Massó indicó que en promedio el Congreso nacional obtuvo calificaciones entre seis y siete en este ejercicio, en el cual se evaluaron también los poderes similares de Argentina, Chile, Colombia y Perú.

En el estudio salimos mediocres, es decir tenemos un Congreso que no llega a una buena nota (en este materia) y muchos menos a la excelencia, pero que tiene muchas oportunidades de mejorar y de poder llegar a ser verdaderamente abierto y transparente.

Detalló que en el análisis efectuado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, la cual reúne a 17 organizaciones especializadas en poderes legislativos y transparencia, se evidenció que es necesario contar con una regulación en la materia que sea homogénea; y que urge legislar en materia de cabildeo y conflicto de intereses.

La investigadora resaltó que es imperativo que se abra el trabajo en comisiones a la ciudadanía y a la prensa; que podamos saber cuál es la agenda que lleva una determinada comisión; si los legisladores asisten a las reuniones. En ellas se dan negociaciones de los dictámenes, pero no podemos saber si las decisiones las toman la mayoría o unos cuantos que asisten. Tampoco están claros los temas de la gestión administrativa y el presupuesto.

El Legislativo debe ser consecuente si llama a cuentas al Ejecutivo; debería dar el ejemplo tanto en materia de presupuesto en grupos parlamentarios y comisiones como en sus labores, consideró.

Destacó que el otro gran pendiente es contar con una “adecuada regulación en el tema de cabildeo y conflicto de intereses. La ciudadanía tendría que saber si algunos diputados son socios de una determinada empresa; si son parientes de directivos de empresas o instancias sobre las cuales pudiera legislarse, a fin de que se excusaran de hacerlo, si así fuera el caso.

El problema no es si te relacionas con un sector determinado, sino el que los ciudadanos no sepamos que se relacionan y que pueden estar confabulando una legislación que beneficie a ese sector. Insistió en que el cabildeo no es malo, el problema viene si no lo regulamos.

Diego Díaz, integrante de Impacto Legislativo, manifestó que el análisis puso en evidencia que no existe vínculo entre el legislador y los ciudadanos del distrito que representa.