Diputados locales y federales del PRD promoverán reformas legales para eliminar el arraigo hasta por 60 días que se realiza a petición del Ministerio Público en el Distrito Federal, a fin de terminar con un procedimiento jurídico opaco, oscuro y que se ha prestado para la arbitrariedad.

Los perredistas Efraín Morales y Carlos Reyes Gámiz adelantaron que para ello se instalarán mesas de trabajo, en las que participarán la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y organizaciones civiles.

Morales explicó que se busca abrir el debate en torno a este tema, a fin de saber si realmente se trata de una buena herramienta auxiliar del marco jurídico, pues existen dos posturas al respecto. De un lado, agregó, los organismos defensores de los derechos humanos argumentan que se trata de una figura que atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia, y del otro, los jueces dicen que ayuda a integrar mejor los expedientes para combatir al crimen organizado.

Carlos Reyes Gámiz, vocero de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, consideró conveniente conocer el costo-beneficio de la figura del arraigo, ya que, a su juicio, es un procedimiento que de ninguna forma debe contemplarse como herramienta eficaz para la lucha contra la delincuencia organizada.

Destacó que originalmente el arraigo era domiciliario, pero en la actualidad ya se han creado centros especiales, e incluso algunos sospechosos son arraigados en penales de alta seguridad.

Aseguró que en el caso del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se trataba de una figura de orden federal y emitió una resolución para que fuera derogada, pero no se ha hecho.

Los perredistas señalaron que buscarán el apoyo de los demás partidos políticos, a fin de que el DF se coloque a la vanguardia en el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos y sea el detonante para que otras entidades hagan este mismo análisis.

La figura del arraigo se encuentra contemplada en el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.