La herencia de las elecciones deja claro que los problemas fundamentales del país no tienen que ver ya con las reglas de acceso al poder, sino con las del ejercicio de éste. La compra del voto pasa más por un conflicto grave de pobreza y desigualdad social en México, con el trato que le otorgan los partidos, que como tema meramente comicial, sostiene Lorenzo Córdova, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

Algo similar pasa con el financiamiento, pues a partir de los datos públicos relacionados con las quejas contra Monex, Soriana u Honestidad Valiente, “da la impresión de que, como conclusión, no sólo habrá sanciones si se constatan irregularidades cometidas por los partidos, pues más allá de eso habrá elementos para reflexionar sobre las reglas que rigen el sistema financiero en su conjunto, y eso va más allá de lo electoral.

–¿Debería ser causal de nulidad rebasar los topes de gastos o el financiamiento ilícito?

–El régimen de fiscalización es el más exhaustivo del mundo. No es casual que en México se hayan impuesto las multas más severas, pero el modelo actual tiene desfasadas las fechas de informes de gastos y la calificación presidencial. Si no nos gusta, modifiquémoslo.

“Por supuesto que tendría que estar asociado (el rebase de topes), y como consecuencia de la violación de la equidad no sólo sancionar a los partidos. Ahora, el modelo está vinculado sólo con los partidos. Hay que revisarlo. Si se demuestra que un candidato violó gravemente las normas de financiamiento, debe ser sometido a un régimen de responsabilidades y rendición de cuentas, incluso después de haber ocupado el cargo, como ocurrió en Brasil con Fernando Collor de Mello.

Dirán: imagina el grado de inestabilidad, pero el hecho de que alguien que ha sido electo haciendo trampas graves de financiamiento sea depuesto impacta en la calidad de la democracia. Eso hay que revisarlo. La rendición de cuentas es uno de los grandes pendientes en México.

En entrevista, Córdova advierte del riesgo de que una vez concluido el proceso el país se sumerja en un nuevo debate sobre las insuficiencias electorales, más que en los problemas nacionales. En la compra del voto o en las presuntas triangulaciones ilegales de recursos, lo que subyace son problemas de fondo que no se van a resolver con una reforma comicial. Son temas que se encuadran más en avanzar en transparencia y rendición de cuentas, en la definición de políticas públicas que enfrenten los problemas de fondo.

Igual diagnóstico tiene sobre la ineficacia de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, cuya principal deficiencia ubica en la dependencia del Poder Ejecutivo. Ese tampoco es un conflicto sólo comicial, sino uno que adolece la procuración de justicia en su conjunto.

El gran problema no es ya, ni de lejos, el electoral, de lo cual, en México, no hemos podido salir después de cada proceso. Los comicios no resuelven la pobreza, el estancamiento económico en que el modelo de desarrollo nos ha sumido; no van a resolver el conflicto de democratización que se requiere en otros sectores. Esos fenómenos tienen una de sus expresiones en lo electoral.

En su balance sobre los comicios destaca la aplicación del modelo de comunicación que favoreció la equidad en los medios y la instrumentación de nuevas causales de recuento de los cómputos que ratificó la importancia de la participación ciudadana. Sin embargo, seguimos enfrascados en debatir otra vez las reglas del acceso al poder, cuando en lo electoral se ha avanzado muchísimo.

–Hubo fenómenos que impactaron la elección, como la compra del voto.

–El clientelismo en el sufragio es uno de los temas más disruptivos del proceso, pero no puede combatirse exclusivamente desde lo electoral. Tiene que ver con uno de los grandes problemas nacionales: la pobreza y la marginación estructural. El clientelismo no es algo que sólo afecta el sufragio libre. Tiene que ver también con la rendición de cuentas de los gobiernos sobre sus políticas. Por supuesto que la pobreza impacta en lo electoral, pero no es estrictamente comicial.

Enfocarlo así terminaría otra vez sobrecargando las instituciones electorales, como se ha hecho en otros ámbitos, como los medios de comunicación. Ejemplifica: Ahora resulta que el IFE es el gran órgano del Estado mexicano para confrontar los concesionarios de radio y televisión que no se ciñen a la ley, pero el problema que tenemos en ese ámbito es la enorme concentración de concesiones, lo cual hace que no se cumplan dos condiciones básicas de una democracia en este renglón: pluralidad en medios de comunicación y de medios de comunicación.

Córdova acepta la necesidad de revisar el modelo de comunicación política, pero no para una contrarreforma que algunos medios, intelectuales, partidos y candidatos plantearon, sino para perfeccionarla sobre su eje vertebral: la prohibición de compra en radio y televisión, que nos ha colocado a la altura de democracias como Francia, Alemania, Inglaterra, España o Chile.