El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la decisión sobre la constitucionalidad de la norma 29 aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual pretende mejorar las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público a los programas delegacionales y parciales de desarrollo en la capital del país. Sin embargo, de acuerdo con las posturas expresadas por los ministros, la reglamentación continuará vigente, porque no se alcanzarán los votos necesarios para invalidarla.

Ante la intensa discusión que tuvo lugar entre los ministros sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República en contra del jefe de Gobierno y de la ALDF, y después de que seis de los 11 ministros votaran en favor de la procedencia de la demanda –el proyecto elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia proponía la procedencia y la anulación de la citada norma–, el ministro decidió retirar su documento para presentarlo posteriormente ante el pleno.

En el transcurso de la discusión, sin embargo, los cinco ministro que se opusieron al proyecto: Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero, dejaron en claro que, incluso si la demanda fuera procedente, los legisladores capitalinos emitieron el citado decreto en uso de sus facultades legales, por lo que votarían por su constitucionalidad.

La consejera jurídica, Leticia Bonifaz, dijo que esperarán que se revise el fondo de este asunto, donde unos ministros decían que no intervino la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la elaboración de la norma, cuando se encargó de la parte técnica, aunque la diferencia es que se trabajó como iniciativa normal, y no como una reforma al programa de desarrollo urbano.

Al término del informe ciudadano de Marcelo Ebrard, explicó que si existiera alguna afectación contra las delegaciones, como se señaló, ellas mismas hubieran iniciado una controversia constitucional y ninguna lo hizo, incluidas las de filiación panista.

La administración capitalina, sin embargo, esperará la resolución final para realizar las adecuaciones que se requieran, pero no podemos dejar de tener una normatividad de este tipo, que evita la instalación de tiendas de autoservicio en los centros de barrio, rompiendo el tejido social, explicó.

Además, dijo, genera certeza jurídica entre los inversionistas al indicarles dónde establecerse, sin correr el riesgo de que la oposición vecinal les impida instalarse, por lo cual consideramos que no hay un revés hacia el gobierno capitalino, que impulsó esta norma.