La institucionalización paulatina de la política de prevención del delito generada en el actual sexenio debería preservarse en el próximo porque permitió conjuntar esfuerzos entre gobiernos de los tres niveles y el Congreso, consideró Enrique Betancourt, responsable del Centro Nacional de Prevención del Delito, creado en 2009.

Subrayó que esas políticas favorecieron la asignación de recursos en 237 municipios con altos niveles de delincuencia, para fomentar la prevención.

En rueda de prensa para dar a conocer la realización de un foro internacional sobre la prevención del delito, a efectuarse en Tijuana –con el fin de conocer experiencias en otros países–, destacó la necesidad de que exista una conjunción entre las estrategias policiales y las preventivas.

Es claro –dijo en la Secretaría de Gobernación– que no sólo mediante la prevención se puede combatir el crimen organizado, pero ella permite diseñar políticas para proteger grupos y zonas vulnerables a la delincuencia.

Destacó que la prevención del delito no estaba en la Constitución hasta 2008, cuando se hizo una primera modificación, y en 2009 se crea el Centro Nacional de Prevención del Delito, que empieza a operar en 2010.

Dijo que en 2011 por primera vez se etiqueta como subsidio una partida destinada a la prevención del delito de 10 por ciento del gasto de seguridad y en 2012 se eleva a 20 por ciento.

Es necesario que en el futuro no se apele a la definición de un subsidio para prevenir el delito, sino que se asignen recursos explícitamente a estas políticas fundamentales, agregó.

Señaló que en el caso de México, a diferencia de Colombia, la delincuencia está claramente definida como urbana, y en esa lógica se ha trabajado en los 237 municipios con mayor incidencia, entre ellos Ciudad Juárez, Tijuana –que ha reducido significativamente sus niveles de violencia, dijo–, Guadalajara y, en general, las grandes ciudades.

Afirmó que tras la creación del centro se han creado metodologías a partir del cruce de información proporcionada por la sociedad sobre los niveles de delincuencia; en algunos casos, con los registros de personas recluidas.

Destacó la importancia de que a partir de esas metodologías se transversalicen las políticas públicas en materia de seguridad, para hacer más efectivas las estrategias preventivas, cuyo eje común son los barrios.