La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó aprehender al juez federal Efraín Cázarez López, quien liberó a los implicados en el llamado michoacanazo, pero el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el estado de México negó la órden de captura, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Cázarez López fue suspendido el pasado primero de junio por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de que la PGR lo acusó de fallar en forma ilegal la libertad de involucrados en el michoacanazo y de conceder una suspensión en vía de amparo a Julio César Godoy Toscano, lo que permitió al hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ser diputado federal por unos días, hasta que fue desaforado por la Cámara de Diputados.

El caso del juez Cázares López no ha sido perdido en definitiva, pues la PGR está en posibilidades de volver a consignar el expediente, una vez que realice algunas adecuaciones en el pliego de consignación, añadieron las fuentes consultadas.

Sin embargo, ese no ha sido el único fracaso que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ha tenido en fecha reciente. En otra petición que hizo el Ministerio Público Federal, el juzgado segundo especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones –a cargo del juez Adolfo Santos– negó por segunda ocasión en menos de un mes conceder una solicitud de la PGR para catear un juzgado federal en Veracruz.

Los fiscales anticrimen pretendían catear las instalaciones del órgano jurisdiccional como parte de una investigación contra un juez y seis funcionarios, a quienes acusó de pretender firmar una orden de aprehensión con una fecha falsa.

El juez Santos es uno de los impartidores de justicia contra los que la PGR también pidió aprehensión el mes pasado, al acusarlo de obstruir una investigación porque negó un cateo contra la casa del también juzgador Efraín Cázarez López.

Hasta el momento, la Siedo mantiene abierta una indagatoria contra cinco de los siete jueces de procesos penales federales que revisan y resuelven solicitudes de medidas cautelares hechas por la PGR. A los cinco juzgadores se les investiga por supuesta obstrucción de la justicia, ya que han negado varias órdenes de intervención de comunicaciones telefónicas solicitadas por la PGR entre julio y agosto pasados para escuchar telefonemas de políticos, periodistas y militares a los que se indaga por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, indicaron las fuentes.

Fallida operación en Veracruz

En el caso del fallido cateo a un juzgado en Veracruz, la PGR solicitó la medida cautelar contra el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales del penal federal de Villa Aldama, al que se investiga como parte de una solicitud de orden de aprehensión contra un presunto traficante de indocumentados, la cual fue requerida el mes pasado a Raúl Angulo Garfias, titular de ese juzgado.

Por tratarse de un expediente por delito grave, Angulo estaba obligado a resolver la petición de la PGR en 24 horas; sin embargo, lo hizo tres días después y pretendió notificarla con fecha del día siguiente de recibida la consignación, según acusó la procuraduría al momento de solicitar el cateo.

Desde hace dos meses la PGR acumula una cadena de reveses judiciales contra diversos juzgadores del Poder Judicial Federal, a los que ha buscado fincar responsabilidad penal por presuntos actos de corrupción.

En un principio intentó catear los domicilios del ex juez Efraín Cázares López, pero los juzgadores en materia de medidas cautelares Martín Santos Pérez y Osvaldo López García rechazaron las peticiones.

En respuesta, los fiscales acusaron de obstrucción de la justicia a los jueces Santos y López. Sin embargo, la Procuraduría General de la República también falló en este intento, pues Ricardo Delgado Quiroz, juez tercero de distrito de procesos penales federales, negó las órdenes de aprehensión contra sus compañeros del PJF.

A decir de las fuentes consultadas, la PGR mantiene abiertas al menos cinco averiguaciones previas contra jueces federales por diversos delitos ligados a supuestos casos de corrupción.