a semana pasada se publicó en diversos medios un desplegado de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto. Hay dos aspectos de este comunicado que llaman la atención. Desde luego, el planteamiento que se hace y también quienes lo firman. La organización de científicos más importante del país propone al presidente electo algo muy simple: que en materia de ciencia y tecnología, durante su gestión –que se inicia el primero de diciembre– se cumpla con la ley. Nada más, pero nada menos.

Cumplir con la ley significa atender lo que marcan las leyes de Ciencia y Tecnología y General de Educación, las cuales establecen que se debe destinar el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. En el comunicado se afirma: México no puede continuar desatendiendo su sistema científico-tecnológico y de innovación, indispensable para fortalecer su soberanía, incrementar sus niveles de competitividad, generar más conocimientos que beneficien a la sociedad y permitan encarar los retos que enfrenta la humanidad.

El documento está firmado por el actual presidente de la AMC, el astrónomo José Franco, y la vicepresidenta, la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros, quien recientemente fue nombrada directora de la división de ciencias del agua de la Unesco. Está suscrito también por 21 ex presidentes de la academia cuyas voces son representativas de la comunidad científica de México: Francisco Bolívar Zapata, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio de la Peña, Fernando del Río, René Drucker, Alonso Fernández, Jorge Flores, Mauricio Fortes, Carlos Gual, Ismael Herrera, Juan Pedro Laclette, Adolfo Martínez Palomo, José Luis Mateos, Arturo Menchaca, Raúl Ondarza, Octavio Paredes, Antonio Peña, Daniel Reséndiz, Pablo Rudomín, Rosaura Ruiz y Guillermo Soberón.

A pesar de lo que establecen las leyes citadas desde hace más de 10 años, el presupuesto para ciencia y tecnología ha estado por debajo del 0.4 por ciento del PIB, lo que representa un claro incumplimiento de la legislación vigente. Por ello, en mayo de este año el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), organismo que agrupa a las instituciones de educación superior e investigación y a organizaciones académicas y empresariales, interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de los servidores públicos que han incumplido con esta disposición, lo que involucra a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, tema al que ya me he referido aquí (La Jornada 22/5/12).

La semana pasada la coordinadora general del FCCT, Gabriela Dutrénit, informó mediante un comunicado que en la SPF todavía se analizan los hechos para determinar si empieza o no el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos de la SHCP, lo que indica que aún no se ha hecho nada, y probablemente la decisión sea postergada. Con esto el mensaje que se envía a la sociedad hasta ahora es que en México las leyes no se cumplen y lo que priva es la impunidad.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró presidente electo al licenciado Enrique Peña Nieto, éste integró un equipo de transición con el fin de garantizar el adecuado relevo en el Poder Ejecutivo. En una carta publicada el sábado pasado en el periódico Reforma, el doctor Antonio Peña Díaz, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresa su extrañeza porque en el citado grupo de transición no identifica a nadie que sea un científico, o al menos alguien en quien pueda confiar para atender un tema tan delicado como el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México.

Pero si bien hasta ahora el equipo de transición no cuenta con especialistas en ciencia y tecnología, sí abundan en él los expertos en finanzas públicas. Una de las tareas inmediatas que tendrá que afrontar este grupo, junto con el designado por el gobierno saliente, es la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2013, que será el primer año de gobierno del licenciado Peña Nieto. Cobra así especial sentido el comunicado de la AMC, la cual propone al presidente electo que el presupuesto se elabore desde ahora, cumpliendo con lo que marca la ley. La pregunta que queda planteada es simplemente si se va a cumplir o no con las leyes.

Es importante dejar en claro que no se trata de un asunto que busque beneficiar a un sector en particular. Se trata de definir el futuro de México. Nuestro país ocupa las posiciones más bajas a nivel global en casi todos los indicadores del desarrollo científico, tecnológico y en materia de innovaciones. Un presupuesto apegado a la ley es una condición indispensable para enfrentar algunos de los grandes retos que tenemos como nación, en áreas como la desigualdad social, la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo económico independiente.