El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la discusión sobre la constitucionalidad del decreto 29 emitido por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), denominado Mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público a los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano del Distrito Federal.

Los ministros se enfrascaron en una discusión sobre la procedencia de la demanda pues, de considerar que la Suprema Corte no es competente para conocer sobre el asunto, automáticamente la norma quedaría vigente.

El proyecto elaborado por el ministro Ortiz Mayagoitia propone que la acción de inconstitucionalidad, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra los legisladores y el gobierno capitalino, es procedente, y propone invalidar el citado decreto con el argumento de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) violó el procedimiento legislativo. Aclaró que no se trata de una norma referente a los mercados públicos.

La norma impugnada, dijo, plantea modificar el catálogo de negocios que se pueden instalar en la capital del país, dentro de las zonas catalogadas de uso habitacional, comercial o mixto, de forma obligatoria.

No se trata de una normatividad que prefiera a los mercados públicos por sobre los supermercados o tiendas de autoservicio, sino que su naturaleza y sus efectos se circunscriben a la prohibición futura para establecer nuevos comercios de cierto tipo dentro de las zonas previamente clasificadas y aprobadas por cada una de las delegaciones políticas.

La discusión del asunto continuará este martes.